A un año y cuatro meses del fallecimiento de Emilia Silva (de nueve meses) -luego de que un conductor ebrio chocara el auto en que viajaba junto a sus padres-, ayer la Presidenta Michelle Bachelet anunció el envío de un proyecto de ley que sanciona el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones, más conocido como "ley Emilia".
"He recogido las mociones de diversos parlamentarios y propondremos el establecimiento de dos delitos asociados a la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones gravísimas: uno simple y uno agravado", sostuvo la Mandataria.
De acuerdo a lo señalado, el primero tendrá una pena que parte de los tres años y un día y que puede llegar hasta los 10 años de cárcel. En el segundo, para el caso de huida, de reincidencia y/o de manejo en estado de ebriedad o drogas, la pena parte desde los cinco años y un día hasta los 10 años de presidio. Esta sanción es la misma que hoy tienen los delitos de homicidio y robo con violencia o con fuerza.
"Espero poder contar con el respaldo de este Parlamento para tramitar rápidamente este proyecto de ley, que surge del trabajo de ustedes y de la perseverancia de las familias afectadas", agregó Bachelet.
Uno de esos familiares es Benjamín Silva, padre de Emilia, quien valoró la iniciativa. "Estamos agradecidos de que acogieran las demandas de las familias de las víctimas. En mi caso, asesinaron a mi hija. Nos sentimos valorados por el hecho de que haya sido un discurso oficial donde el Ejecutivo se compromete. Sin embargo, esta es una moción que, a la vez, siempre estará marcada por una profunda tristeza, porque nuestros familiares están muertos".
Silva añadió que "algo importante que no anunció la Presidenta es que en el caso del primer rango de penas, es decir, de tres a 10 años, el tribunal estará obligado a dictar que el condenado al menos un año lo cumpla en cárcel efectiva y en el caso de cinco a 10 años, el 60 % de la pena será de cárcel efectiva".
De acuerdo al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, esta iniciativa "ha nacido por un debate de parlamentarios, en el cual se endurecen claramente las penas a quienes cometen estos delitos. En ese sentido, el mensaje va a ser claro: si va a manejar, no tome".
Por su parte, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, sostuvo que este proyecto es fruto de un trabajo que se viene realizando hace meses junto al Ministerio de Justicia y parlamentarios y será enviado al Congreso en las próximas semanas. "Hay una presión ciudadana por eliminar la impunidad que existe en este tema y de ahí surgieron dos iniciativas parlamentarias: una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado. El Ejecutivo ha querido recoger estas mociones parlamentarias y negociar un proyecto común".
Uno de los diputados que elaboraron el primero de estos proyectos fue Gustavo Hasbún (UDI), quien dijo valorar la propuesta del gobierno. Sin embargo, señaló que "espero que esto sea consensuado con nosotros, dado que esta iniciativa viene a complementar algo que nosotros ya estamos trabajando durante años". Para el senador Alberto Espina (RN), "esta es una muy buena decisión. Hemos conversado con la ministra Rincón, con el ministro Gómez-Lobo y nos pusimos de acuerdo junto con los diputados Hugo Gutiérrez y Hasbún para concordar en un texto común".
Actualmente, la ley establece que las sanciones que se arriesgan por manejar bajo la influencia del alcohol causando lesiones gravísimas o la muerte van de tres años y un día a cinco años de pena, una multa de 21 a 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y la suspensión de la licencia entre 36 a 60 meses, según lo determine el juez.