Los proyectos de inversión quedaron fuera del proceso de consultas que deberán realizar los organismos del Estado a las comunidades indígenas para cumplir con el convenio 169 de la OIT firmado por Chile y que rige a partir el 15 de septiembre próximo.
Así lo establece un reglamento elaborado por el gobierno que en los próximos días entrará a la Contraloría y que estará operativo este mes. La norma toma como referencia un documento elaborado por el Ejecutivo en los últimos meses, que establece las directrices generales para la realización de los procesos de consulta, explicó el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
En este documento establece que "para normar la consulta referida a proyectos de inversión en tierras indígenas y en Áreas de Desarrollo Indígena son necesarias reformas legales que permitan establecer un marco regulatorio. Mientras se implementen tales reformas legales, las medidas administrativas relativas a proyectos de inversión serán consultadas de acuerdo a lo que determinen las normativas sectoriales existentes".
Según fuentes gubernamentales los proyectos de inversión serán regidos por las leyes actuales. Este es un punto que preocupaba al sector empresarial por la incertidumbre que generaría en los proyectos las consultas a las comunidades indígenas.
EL PROCESO DE CONSULTA
El proceso de consultas que implementará el gobierno regirán para las medidas administrativas relativas a nuevas políticas, planes y programas formulados o elaborados por la administración pública que afecten directamente a los pueblos indígenas. Las medidas legislativas también quedan sujetas a consultas a los pueblos indígenas.
Las medidas que deberán ser sujetas a consultas son aquellas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, en el ámbito territorial, grupos humanos, áreas de desarrollo, recursos naturales, sitios arqueológicos, históricos o de importancia ritual.
