En el transcurso de la semana, el gobierno envió al Senado un proyecto que busca actualizar las relaciones con Estados Unidos: el mensaje del Ejecutivo solicita al Congreso aprobar un nuevo tratado de extradición entre Chile y Norteamérica.
Con el texto, el gobierno intenta remediar las carencias de un pacto que data desde 1900 y que no se hace cargo de la tipificación de nuevos delitos, aparecidos las últimas décadas.
"Dicho instrumento resulta a la fecha claramente insuficiente para enfrentar la actividad internacional del crimen organizado, siendo, entre otros aspectos, demasiado rígido en la enunciación de los tipos penales que facultan la extradición", reza un fragmento del mensaje.
Además de sustituir al centenario texto, que por ahora sigue vigente, el gobierno pretende resarcirse de un truncado proyecto de 2010. Ese año, Michelle Bachelet firmó un tratado de extradición que fue enviado al Senado en mayo del 2011, durante la administración de Sebastián Piñera. Sin embargo, su tramitación se suspendió por los reparos que presentó la Corte Suprema a la iniciativa.
Con todo, el actual proyecto, firmado por el ex Presidente Piñera en 2013 y despachado por la actual Mandataria, corrige el punto cuestionado por el Poder Judicial y mantiene como principio "la obligación" mutua que tendrían Chile y EE.UU. de extraditar a personas que están siendo enjuiciadas por delitos con penas de un año o bien, por delitos más graves.
Además, permite una extradición abreviada en caso de consentimiento de la persona requerida, simplificando su procedimiento. En este sentido, el órgano que autoriza la extradición sólo debe tener en cuenta la legislación del país que presenta la solicitud.
El proyecto, en todo caso, tiene una excepción: no concede extradición por delitos políticos y militares. Pero esa excepción no se aplica, dice el mismo tratado, a casos de homicidios, agresiones (incluyendo las de índole sexual), secuestro o colocación de bombas. Asimismo, elimina la aplicación de la pena de muerte al extraditado.
Resquemores
La tramitación de este proyecto ocurre en un contexto complejo para la relaciones con la Casablanca. En paralelo, la Cámara se encuentra tramitando dos proyectos de ley asociados al programa de EE.UU. denominado Visa Waiver, que elimina la exigencia de una visa para ingresar a territorio estadounidense.
Como contraparte, Washington exige a los países beneficiarios una serie de ajustes legales que permitan el intercambio de información de personas y la cooperación para delitos graves, como el terrorismo. Precisamente, las iniciativas que se encuentran en la Cámara abordan esos temas, los que provocan aprensiones en el ala progresista de la Nueva Mayoría, principalmente en el Partido Comunista, desde donde aducen que los cambios vulneran la privacidad de las personas.
