El ejecutivo ingresó hoy al Senado sesenta indicaciones sobre el  proyecto que modifica la actual Ley General de Pesca y Acuicultura, con el fin de contar con un reglamento que asegure la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

Dentro de los temas abordados se incorporan las licencias transables de pesca, con un límite de 25 años de plazo de otorgamiento, se incluye una plataforma social para los trabajadores de la industria que involucre capacitación y becas de formación técnica para los hijos de estos, se perfecciona el "contrato a la parte", que implica mejorar las condiciones de los pescadores artesanales, se incorpora la regulación para proteger a los ecosistemas marinos vulnerables y se fortalece la investigación del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), otorgándole mayor autonomía.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Galilea, sostuvo que "se ha trabajado en la elaboración de estas 60 indicaciones con todos los sectores de la pesca artesanal e industrial y con los  propios parlamentarios  para lograr acuerdos".

LICITACIONES

Se incorporará en este trámite la licitación de la fracción industrial de la cuota hasta un máximo de un 15% de la cuota industrial, siempre y cuando se logre una recuperación de la pesquería, en base a su rendimiento máximo sostenible.

En aquellos casos que la pesquería se encuentre en un 90% de su rendimiento máximo sostenible (RMS), se licita el equivalente en toneladas al 5% de la fracción industrial de la cuota global. En aquellos casos que la pesquería alcance el 95% de rendimiento máximo sostenido, se licita otro 5%. Finalmente, en aquellos casos en que la pesquería alcance el RMS, se licita el 5% faltante.

Estas licitaciones dan origen a las Licencias Transables de Pesca (LTP) clase B que tienen una vigencia de 25 años, al cabo de los cuales se vuelven a licitar.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION

Se reconoce el rol público de la función del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), determinando que debe llevar a efecto la investigación básica o estratégica en Chile. Por ello, la propuesta del Ejecutivo  traspasa el presupuesto del IFOP desde la Subsecretaría de Pesca al Ministerio de Economía, a fin que tenga independencia de quien lo contrata.

Además, se establece un sistema de evaluación externa de calidad de la investigación que realiza el Instituto de Fomento Pesquero.

INSITUTO DE DESARROLLO DE PESCA

En el plazo de seis meses, a contar de la entrada en vigencia de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se deberá presentar un proyecto de ley por parte del Presidente de la República que cree el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pesquera Escala (IDEPA), cuyo objetivo será el contribuir a elevar la capacidad empresarial, productiva y comercial de los sectores de la pesca y la acuicultura, promover el consumo de los productos del mar y coordinar, financiar y ejecutar de desarrollo productivo de ambos sectores, en el marco de la sustentabilidad pesquera y acuícola.

Dentro del mismo plazo de seis meses, además el Ejecutivo presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley que establezca un sistema de bonificación al repoblamiento y cultivo de algas para empresas de menor tamaño.

SUSTENTABILIDAD

El proyecto de ley ingresó al Parlamento en diciembre pasado y se encuentra en su segundo trámite constitucional. El eje central de la nueva regulación es la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

La propuesta incorpora el concepto de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), estándar internacional al cual se deben llevar o mantener las pesquerías. Éste permite obtener las mayores capturas sin poner en riesgo la disponibilidad de los recursos en el mediano y largo plazo. Además, propone que las decisiones sean basadas en criterios científicos y biológicos para la adopción de las principales medidas de administración pesquera, tales como cuotas pesqueras, tallas mínimas de extracción y vedas biológicas y extractivas.