El pasado 4 de julio, el ex comandante en jefe del Ejército, el general (R) Juan Emilio Cheyre, llegaba a eso de las 8.30 a las dependencias de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Allí se llevaría a cabo la primera jornada de careos con dos víctimas de apremios ilegítimos ocurridos en septiembre de 1973, en el Regimiento Arica, ubicado en La Serena.
En esa fecha, el general en retiro cumplía funciones en el recinto militar cuando pasó por ese lugar la llamada "Caravana de la Muerte", que dejó como saldo a 15 personas fusiladas. Por ese hecho, en una investigación paralela, Cheyre fue acusado por el ministro Mario Carroza como presunto cómplice de los homicidios. En ese entonces, tenía el grado de teniente y ejercía funciones como ayudante del comandante del regimiento.
Mientras, el proceso por presuntas torturas, que son investigadas por el ministro en visita de la IV Región, Vicente Hormazábal, partió luego de una querella presentada por el hermano de uno de los ejecutados, Nicolás Barrantes, a quien después se sumó un testimonio similar de Nelson Rodríguez, por hechos que habrían ocurrido en 1973, en el ex Regimiento Arica. En este proceso, el general en retiro no ha sido procesado.
Tras aquella diligencia, Hormazábal sostuvo que "el general (Cheyre) no se acordaba de los hechos puntuales ni de las imputaciones que se le hacían, pero sí prestó colaboración en cuanto a señalar cuáles eran las actividades que él desempeñaba en esa época".
Luego de estos careos, el magistrado retornó a La Serena para seguir investigando los casos. En el proceso se había detectado que Cheyre tuvo participación en cinco Consejos de Guerra, instancias en que se hacía un juicio rápido a los opositores al régimen militar. Si era encontrado culpable, la pena podía llegar al fusilamiento.
"En otras oportunidades, he informado que la versión del teniente Cheyre respecto de los hechos que yo investigo es que en esa época él se desempeñaba como ayudante del jefe de plaza e intendente, y realizaba muchas actividades fuera del regimiento y, por lo tanto, pasaba muy poco tiempo en él", explicó a La Tercera el ministro Hormazábal.
Sin embargo, el magistrado decidió consultar al Ejército sobre si el ex comandante en jefe había participado en otros de estos consejos. La respuesta le fue comunicada hace pocas semanas y en ella se le indicó que había resoluciones que daban cuenta de que Cheyre habría integrado 26 de esas instancias.
"Habiendo antecedentes en el proceso que dan cuenta de que participó en al menos cinco Consejos de Guerra, se solicitó al Ejército, a través del Ministerio de Defensa, información sobre su participación en otros consejos de esta índole. Como resultado de ese requerimiento, se nos hizo llegar copia de otras 26 sentencias de Consejos de Guerra donde aparece su firma como integrante de los mismos, que son distintas de los cinco casos que se conocían en el expediente", señaló el ministro en visita.
El juez Hormazábal aclaró también que aún está analizando esta nueva información sobre Juan Emilio Cheyre y que no ha tomado decisiones al respecto. "Lo anterior no significa que se vayan a cuestionar o reabrir esos procesos, dado que no es el objeto de la investigación que estoy realizando", dijo.
En medio de estas indagatorias, el general (R) Cheyre solicitó a la Vicaría de la Solidaridad, en 2016, un informe para saber si su nombre figuraba en alguna denuncia que lo vinculara a crímenes de derechos humanos. En un primer documento, se le respondió que no, pero luego aquella información se rectificó, ya que su nombre aparecía en al menos cinco documentos correspondientes a fallos durante los Consejos de Guerra en La Serena, de octubre de 1973. Este hecho detonó un quiebre en la Vicaría, luego de que la totalidad del directorio no habría sido consultado, lo que acarreó la denuncia de una de las directoras.
Abogado y Ejército
Respecto de los nuevos antecedentes, Jorge Bofill, abogado defensor de Juan Emilio Cheyre, indicó que "no me puedo referir a este tema, porque no conozco la información que ha entregado el ministro Hormazábal".
El actual comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, manifestó ayer que "no tengo información respecto de ello. Hay todo un procedimiento para la entrega de antecedentes a través del Estado Mayor General del Ejército, que es la autoridad que responde todos los requerimientos de los ministros".
El alto oficial agregó que "el proceso de entrega de información es una obligación. Un requerimiento de la justicia requiere ser cumplido, esa ha sido siempre la política institucional y hemos sido reconocidos por eso. En cualquier causa daremos siempre respuesta a todos los requerimientos que se nos hagan".
