Desde que asumió la Presidencia de Filipinas, en junio de 2016, Rodrigo Duterte ha dejado en claro que no dudará en utilizar duros métodos para avanzar en su cruenta "guerra contra las drogas", que ya ha cobrado 7.000 vidas.

Y ayer, el mandatario, de 71 años, volvió a dar un paso adelante para acabar con el narcotráfico y la drogadicción, que hacen peligrar en su visión, el progreso del país asiático de 98 millones de habitantes. Durante un discurso en su ciudad natal Davao, al sur del país, el mandatario aseguró que "tiene el derecho de firmar una orden ejecutiva" para que el Ejército pueda sumarse a su campaña para acabar con el negocio de las drogas.

Duterte busca así apartar de la iniciativa a los servicios de inteligencia y a la Policía del país, a la que ha calificado como "corrupta hasta la médula".

Durante las últimas semanas han estallado en el país una serie de escándalos que implican a policías en casos de asesinatos, extorsión y secuestro.

Uno de los casos más sonados fue el asesinato de un ciudadano surcoreano en manos de la policía antinarcóticos en una operación de extorsión.

"Estoy implicando a las Fuerzas Armadas de Filipinas y elevando el problema de las drogas como una amenaza a la seguridad nacional", dijo Duterte, quien también utilizó insultos -algo habitual en su retórica- para referirse a quienes están involucrados en el negocio de las drogas. "¿Sienten compasión por esos hijos de perra?", dijo y luego añadió: "¿Cuántos son, tres mil? Mataría a más sólo por acabar con las drogas". Duterte también le dedicó críticas a los mismos policías. "Les damos trabajo, el rango que corresponde, una vida más o menos cómoda y ustedes van y joden al pueblo cometiendo traición", aseguró.

El anuncio llega después de que este lunes el mandatario suspendiera de manera temporal la campaña antidroga, prometiendo centrarse primero en una "limpieza" de la Policía Nacional.

El Presidente filipino ha decidido ignorar, durante los siete meses que lleva en el poder, las críticas de la comunidad internacional frente a sus métodos para combatir el narcotráfico. Su gobierno ha recibido acusaciones, por ejemplo, de parte de la organización Amnistía Internacional, quien lo acusa de abusar sistemáticamente de los derechos humanos. Las mismas cifras oficiales han sembrado dudas. En ellas se contabilizan 2.555 fallecimientos en el marco de operaciones antidroga y otras 4.000 en circunstancias que no fueron explicadas.

El mandatario, en todo caso, no ofreció mayores detalles de cómo se realizará la inserción del Ejército en su campaña contra las drogas.