Un vecino de San Antonio y el Ejército de Chile se encuentran disputando la propiedad de un predio en los Tribunales de Valparaíso. Sin embargo, no se trata de cualquier terreno, pues éste tiene bajo tierra más de cien minas antipersonales.
El área en disputa corresponde a 165 metros cuadrados que limitan con las instalaciones del Ejército en la población Tejas Verdes. Dicho espacio es reclamado por Nelson Orellana Pavez, quien asegura que el personal del Regimiento Tejas Verdes ha corrido el cerco de su propiedad, reduciendo la superficie de su patio.
Producto del curioso accionar de los militares, Orellana inició acciones legales, siendo acogidas por el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, el cual resolvió que el campo minado era propiedad del civil y no del Ejército de Chile, por lo que debía ser devuelto a su dueño original.
El problema, tras esta resolución, es que el Estado no puede reintegrar un patio lleno de minas a un particular. Por eso, "es imposible que el fisco restituya un terreno en esas condiciones, ya que eso atenta contra la vida del demandante y, por lo tanto, hemos apelado invocando la convención de Ottawa que regula el tema de las minas antipersonales, estableciendo la obligación de mantener alejados a los civiles de estos lugares", explicó el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Hugo Muñoz, quien apeló al fallo en el Tribunal de Alzada de Valparaíso
En todo caso, si los ministros de la Corte de Apelaciones del Puerto deciden confirmar el fallo en primera instancia, la restitución del predio no será nada de sencilla, ya que el terreno tiene cerca de 123 explosivos bajo tierra y estos sólo pueden ser desactivados por el personal de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario.
No obstante, este no es el único obstáculo que tendrá la devolución del terreno, pues el desminado tiene un costo muy elevado que va de los 300 a los 3 mil dólares, debido a los equipos especializados y a lo peligroso de la tarea.
