El Fiscal Nacional Sabas Chahuán, en una sesión especial del Senado, informó que durante los últimos cinco años se han abierto 843 investigaciones penales entre el año 2008 y 2012 en la Araucanía; y el 25% de la dotación de persecutores de la región está destinado, entre otros casos, a investigar casos relaciones con el conflicto mapuche.

La información, contenida en una breve presentación que quedó a disposición de los senadores, argumenta que la región registró un crecimiento de 512% entre los años 2008 y 2012. Sólo el año pasado se investigaron 300 casos y se registraron un total de 336 delitos cometidos.

En su intervención, Chahuán aseguró que del total de casos investigados en la última década, en sólo 14 se ha invocado la Ley 18.314 que determina conductas terroristas, y aseveró que las facultades de dicha normativa no son suficientes para investigar penalmente los ilícitos perpetrados.  "La ley de drogas tiene más facultades que ésta", indicó.
 
El documento, que quedó a disposición de la Cámara Alta, enumera todos los delitos vinculados al contexto del conflicto mapuche, entre los que destacan amenazas, atentados contra la autoridad, daños calificados, hurtos y robos, incendios, lesiones, porte y tenencia ilegal de armas, usurpación, homicidios, delitos terroristas y asociación ilícita.
 
Sabas Chahuán en su breve intervención ante los senadores, informó de la creación de un equipo de cinco fiscales para la provincia de Cautín y otro de igual número para la Provincia de Malleco. Ambos son supervisados por el Fiscal Regional, Francisco Ljubetic, quien por orden del Fiscal Nacional se encuentra actualmente con dedicación exclusiva para investigar el incendio y muerte del matrimonio Luchsinger MacKay ocurrido la madrugada del pasado 4 de enero.
 
La máxima autoridad del Ministerio Público detalló además los problemas que existen para enfrentar el conflicto desde la persecución penal.  Abordó aspectos relacionados con la insuficiente dotación de fiscales, de policías, las dificultades topográficas y de distancia, los escasos medios logísticos policiales, incompetencia de los tribunales (a Justicia Militar), entre otros.
 
A la cita asistieron también el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, el intendente de la Araucanía, Andrés Molina y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries.