Más de la mitad de los argentinos estima que el vicepresidente de la nación, Amado Boudou, debe alejarse de su cargo de forma definitiva o temporal debido al escándalo de supuesta corrupción al que se le vincula y por el que tendrá que comparecer hoy ante la justicia.
Según una encuesta realizada por Management & Fit y dada a conocer ayer por el diario Clarín, el 42,5% de los argentinos encuestados cree que, independiente de cuál sea el fallo final del caso, Boudou debe "renunciar a su cargo". Con un poco más de reserva, el 11,1% cree que el vicepresidente "tiene que pedir licencia" mientras dure la investigación.
Boudou confirmó su asistencia para la indagatoria de hoy frente al juez Ariel Lijo, quien inició una investigación contra el vicepresidente en 2012, por el supuesto enriquecimiento ilícito con fondos estatales.
Lijo acusa a Boudou de haber comprado, junto al empresario y amigo José María Núñez Carmona, la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica en septiembre de 2010, tiempo en que ejercía el cargo de ministro de Economía.
Su implicancia en el caso de corrupción lo perfila como el primer vicepresidente en ejercicio en ser indagado desde el retorno del país a la democracia en 1983, lo que sin duda ha golpeado su credibilidad. Con un 57,4% de imagen negativa, según la misma encuesta, Boudou es hoy el político argentino con menos apoyo.
Lejos están los días cuando la Presidenta Cristina Fernández lo escogió como su compañero de fórmula para las elecciones de 2011, gracias a su "lealtad". Pero el caso, que estalló a comienzos de 2012, lo convirtió en un funcionario incómodo para la administración kirchnerista.
El "caso Ciccone", como se le conoce, se remonta a 2010, momento en que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) pidió la quiebra de la imprenta por deudas de impuestos.
Pero sólo tres meses después de declarar la quiebra, la misma empresa solicitó su levantamiento a la justicia. De acuerdo con la imprenta Ciccone, se habría negociado un pago de la deuda con la Afip. Luego de ese hecho, la imprenta fue comprada a través de la firma The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele.
Sin embargo, según la resolución judicial, la compra de la imprenta la habría efectuado Boudou y Núñez a través de la firma The Old Fund, con el fin de "contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial". Así, Vandenbroele es señalado como el testaferro de Boudou, pero el vicepresidente ha negado ese vínculo y su implicancia en el caso.
De acuerdo con la citación judicial, Núñez Carmona y Boudou "aprovechando su condición de funcionario público" habrían acordado que los dueños de Ciccone renunciaran al 70% de sus acciones sobre la empresa a cambio de su regularización para que la firma volviera a operar con la administración pública. Según el escrito, Boudou "habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición".
De la misma forma, Boudou habría intervenido "en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra", afirma el documento judicial.
La defensa del vicepresidente criticó la acusación emitida por el juez y exigió una "descripción concreta, precisa y jurídicamente válida de lo hechos que se le imputan" a Boudou.
Boudou, por su parte, juró demostrar su inocencia en la indagatoria de hoy, y pidió que la comparecencia fuera televisada, petición que fue rechazada por Lijo.
Por ahora Boudou parece contar con el apoyo de la Presidenta Fernández y la tranquilidad de saber que -como escribe Clarín- incluso sus enemigos admiten que permanezca o salga de su puesto, el daño al gobierno ya está hecho.
