Todos están en la mira del Consejo para la Transparencia (CPLT). Y esta vez, el turno fue de las empresas públicas. Entre el 5 y el 7 de marzo de este año, la entidad fiscalizó a 30 instituciones: 20 fueron firmas estatales y 10 sociedades en las cuales el Fisco mantiene una participación mayor a 50%.

La entidad evaluó la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia, contenidas en el artículo 7, que detalla la información que debe estar disponible para el público en los sitios electrónicos actualizados a lo menos una vez al mes, como marco normativo, estructura orgánica, estados financieros, remuneraciones y personal, entre otras.

¿Cuáles fueron los resultados? El puntaje promedio de las 30 entidades fiscalizadas en transparencia activa fue de 78,52%. En el caso particular de las empresas, este llegó a 77,85% y en las sociedades, a 79,86%.

Si alguien piensa que el resultado es positivo porque supera el 50%, no se equivoque. De hecho, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada se manifestó "sorprendido y para mal". Razones le sobran.

En los últimos años, el grado de cumplimiento en transparencia activa por parte del gobierno central se ha mantenido entre 94% y 96%, lo que es positivo, considerando la gran cantidad de organismos involucrados (más de 300). Teniendo ese punto como referencia, Jaraquemada recalca que en la fiscalización de empresas estatales el universo era bastante más acotado (30).

Por otro lado, precisa el experto, las obligaciones de transparencia activa en las compañías estatales son bastante menores y más acotadas que las que tiene el resto de los organismos públicos, pues se hicieron excepciones estratégicas para no afectar su competencia en el mercado.

"Llama la atención que teniendo menos que cumplir no puedan hacerlo y en mejor forma", señala el titular del CPLT, y añade que considerando que son empresas que están en un mercado competitivo, "uno esperaría que fueran más transparentes con sus accionistas, que en este caso vienen a ser los ciudadanos".

LAS MEJORES Y PEORES

Detrás del puntaje promedio se esconden dos realidades. Entre las empresas con mayor cumplimiento destacan Correos de Chile, Cotrisa, Ferrocarriles del Estado, Empresa Portuaria de Valparaíso y la Empresa Nacional del Carbón S.A. En el último lugar de la tabla figuran, de menor a mayor cumplimiento: Empresa Portuaria de Chacabuco, Sasipa, Televisión Nacional, Sociedad Agrícola Sacor y Fábricas y Maestranzas del Ejército.

SALARIOS

El ítem correspondiente a Remuneraciones de directores, presidentes o vicepresidentes ejecutivos es el que obtiene el menor grado de cumplimiento. El 53,8% publica información desactualizada (con fecha de 2012), mientras que un 46,1% lo hace con información al día.

Frente a este incumplimiento, Jaraquemada es tajante: "Sólo me queda pensar que es una cierta rebeldía que tienen las empresas públicas de cumplir con algo que está claro y preciso en la ley. Tienen que entregar todas las remuneraciones de los altos directivos públicos. Es casi una majadería estar rebeldes en este tema".

El ejecutivo recuerda que este punto saltó a la palestra el primer mes de operación de CPLT, porque todos quisieron saber cuánto ganaban los ejecutivos y autoridades. Hubo un caso -con TVN- que terminó en la corte, con el posterior desestimiento del canal público.

Otra materia con bajo nivel de cumplimiento es la correspondiente a información consolidada del personal, donde un 49,1% publica antecedentes desactualizados, y un 50,8% cuenta con la información al día.

En octubre de 2013, el CPLT hizo una fiscalización piloto a las empresas fiscales y algunas siguen sin corregir las faltas.