El sector agropecuario de Argentina inició una huelga comercial de siete días en rechazo a la políticas de fijación del precio del trigo por parte del gobierno de Cristina Fernández. Esta situación no promete generar desabastecimiento ni alza de precios, pero sí podría tener "un impacto político" en el inicio del año electoral en dicho país.

El cese en la comercialización de granos, que se extenderá hasta la medianoche del próximo domingo, agudiza el enfrentamiento que mantiene desde 2008 el sector agrario con el gobierno. Se trata de la novena huelga comercial en casi tres años en rechazo a las políticas aplicadas, las que según el sector, provoca pérdidas por las distorsiones generadas en el precio del cereal.

Las entidades se oponen a los cupos a la exportación de trigo y maíz establecidos por el gobierno desde 2006 para garantizar el abastecimiento interno e impedir mayores subas en los precios.

Consideran además "insuficiente" el levantamiento de las trabas para las ventas al exterior dispuesto el miércoles pasado por el Ministerio de Agricultura.

"Reclamamos la apertura total de las exportaciones, que se cambie el sistema de comercialización y que los productores trigueros reciban el precio pleno de la producción de trigo que venden", sostuvo hoy el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, en declaraciones radiales.

Los productores de trigo consideran que la regulación oficial anula la competencia entre los molineros y los exportadores, que pagan por el trigo un 20% menos en relación con el precio internacional luego de descontados los impuestos a la exportación (unos 60 dólares por tonelada del grano), argumentan.

El subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, reiteró hoy que el Estado controlará desde esta semana a los molineros y exportadores para verificar si pagan a productores un precio menor al que estipula el mercado internacional.

"No le encuentro el sentido a la protesta porque nosotros reconocemos el problema y estamos en dirección a resolverlo. Argentina tuvo (en la campaña 2010-2011) una producción histórica de trigo. Y el productor necesita vender", aseguró a su vez el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, al recordar que la huelga comienza en plena época de venta de la cosecha.

Domínguez opinó que la protesta sólo perjudica al productor, mientras fuentes del sector coinciden en que no afectará a los exportadores porque tienen grandes inventarios.

El líder de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, explicó hoy que el cese de ventas "puede demorar unos días el cargar algún barco pero no tiene impacto en la vida económica, mucho menos en la vida cotidiana de la sociedad".

Los dirigentes buscaron así acallar la alarma sobre la posibilidad de que se repitan las consecuencias económicas que generaron las protestas de 2008 en repudio a un sistema de impuestos móviles a las exportaciones de granos al que el Parlamento puso freno finalmente.

Las asociaciones del campo, que reúnen a unos 290.000 afiliados, también consideraron "más de lo mismo" la concesión de créditos por US$ 210 millones a seis meses de plazo y sin intereses, presentada por Fernández el martes, para que los "trigueros" puedan retener su cosecha para venderla en el momento del mejor precio.