El llamado "banco malo" que reunirá los activos inmobiliarios tóxicos en España comenzará a funcionar el próximo mes de diciembre y contará con una participación mayor de inversores privados de lo que se había anunciado en un principio.

Según el ministro español de Economía, Luis de Guindos, la participación de inversores privados será mayor ya que tendrán al menos el 55 % del capital y de la deuda subordinada.

De este modo, los propietarios mayoritarios del "banco malo" -también conocido como sociedad de gestión de activos- serán entidades financieras, así como aseguradoras y otros inversores cualificados, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -un organismo público- tendrá una participación minoritaria.

El "banco malo" fue aprobado por el Gobierno español el pasado 31 de agosto, dentro de la reforma financiera exigida por la UE, para segregar los activos tóxicos de las entidades ligados al derrumbe del sector inmobiliario.

De Guindos compareció hoy en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ante la que confirmó que el traspaso al "banco malo" de los créditos al promotor y los activos que acumula la banca por el impago de créditos se hará a su "valor económico real".

Sobre su estructura, señaló que el "banco malo" estará manejado por una sociedad gestora independiente y se podrán segregar activos o constituir fondos especializados para obtener una "gestión más ágil" de los inmuebles y de los préstamos.

También dijo que los bancos que reciban ayudas públicas podrán traspasar al "banco malo" sus activos adjudicados y sus créditos promotores, tanto problemáticos como sanos.

En respuesta a los medios de comunicación tras su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Guindos aseguró que los bancos que puedan liberarse de los activos inmobiliarios serán fundamentalmente los controlados por el FROB: Bankia, Catalunya Bank, Novagalicia Banco y Banco de Valencia, y "algún otro no muy importante" con ayudas públicas.

El "banco malo" comenzará a funcionar a primeros de diciembre y tendrá una vida de hasta 15 años.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, el ministro también defendió las pruebas de solvencia realizadas por la consultora Oliver Wyman sobre la banca española, que revelaron una necesidad de capital adicional de 53.745 millones de euros.

Las pruebas tienen un "rigor y credibilidad que queda fuera de toda duda por la profundidad y el grado de detalle del análisis, así como la dureza del escenario adverso" contemplado, lo que -dijo- contribuirá a disipar las preocupaciones de los mercados en torno a España.