El dictamen de la Contraloría General de la República, que detalla que los municipios no poseen autorización para organizar bingos a beneficio, entregar premios y facilitar instalaciones para estos fines, tiene a estos populares juegos en jaque en todo el país.

El pronunciamiento del órgano contralor tiene su origen en una sesión del concejo municipal de El Quisco, el 1 octubre del año pasado, donde se debatió si procedía que la municipalidad colaborara con un premio en la realización de un bingo organizado por la agrupación Nueva Vida, entidad que ayuda a niños y jóvenes con capacidades diferentes.

Según las actas del concejo de El Quisco, aquel día el Director Jurídico del municipio, Aníbal Reyes, entregó un escrito en respuesta a la solicitud, señalando que  “es improcedente organizar y otorgar premios para bingos, en atención a que dicha actividad correspondería a un juego de azar, la cual se encuentra prohibida por nuestro ordenamiento jurídico”. Reyes fundamentó la respuesta citando  el dictamen N° 15.230 del municipio, fechado en 1981, donde se recalcaba que la municipalidad “carece de atribuciones para otorgar permisos a una empresa a objeto de que instale un local con juegos de bingos, toda vez que constituye un juego de azar”.

De acuerdo a las actas, fue el concejal José Jofré (DC) quien se preguntó: ¿por qué nosotros facilitamos el gimnasio para realizar los bingos, si nosotros estamos cayendo en una ilegalidad con eso?”.

A la siguiente sesión, realizada el 15 de octubre, Jofré indicó que había asistido a la Contraloría para esclarecer el tema, reuniéndose con la abogada de la entidad, quién citó dos dictámenes donde se indica que los municipios “no están facultados para permitir el funcionamiento de loterías (y) categorías asimilables al bingo”. Además, Jofré relató que la abogada le solicitó que enviara un escrito con la consulta puntual del municipio.

“Cuando nos llegue esa respuesta, nosotros vamos a decir a la comunidad sí o no (podemos apoyar los bingos)”, aseguró Jofré en la sesión. Incluso, la alcaldesa Natalia Carrasco (DC), percatándose del impacto de la decisión, comentó que “esto va a marcar un hito importante para los municipios en este tipo de actividades”.

Finalmente, el 22 de abril la Contraloría evacuó su dictamen sobre el tema: “los municipios no se encuentran facultados para realizar o autorizar bingos, aun cuando estos tengan fines benéficos”.

Consultada al respecto, la alcaldesa Carrasco defendió la idea de hacer bingos con carácter benéfico y aseguró que “hemos solicitado, a través de algunos diputados, que esto sea reconsiderado”.

De hecho, no son pocas las autoridades que se niegan a aceptar este escenario: ayer un grupo de concejales entregaron una carta a la Presidenta Michelle Bachelet solicitando que se modifique la situación, mientras que los diputados Daniel Farcas (PPD), Gabriel Silber (DC)  y Matías Walker (DC) acudieron a la Contraloría para manifestar su rechazo. En tanto, la diputada Paulina Núñez (RN) presentó un proyecto para modificar la ley N°19.995 y así eximir los bingos y loterías como juegos de azar cuando tengan un beneficio.