No es frecuente que una relación laboral de tantos años termine así, entre demandas y denuncias. No es normal que el ex gerente y director de empresas de un holding culmine su carrera querellado por amenazas. No es común que un fraude tributario, que involucra a la fecha a unos 200 RUT, resulte en una investigación que pone en duda el financiamiento de campañas políticas. Pero todo esto ocurrió y tiene hoy a distintos actores, públicos y privados, dando explicaciones e intentando atar los cabos de esta compleja trama.

FRAUDE AL FUT

El Fondo de Utilidad Tributaria, el ya conocido FUT, el mismo registro de utilidades tributables y no tributables que encendió la discusión de la reforma impositiva en sus orígenes, constituye también el punto de inicio de esta historia.

Porque si bien el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha introducido un férreo sistema de control para evitar usos abusivos y evasiones de impuestos por parte de empresas con FUT, a lo menos uno de sus propios fiscalizadores, Iván Alvarez, detectó algunas fragilidades que le permitieron diseñar un lucrativo "servicio" de modificación de declaraciones antiguas a contribuyentes para obtener devoluciones que no correspondían. El "servicio", por cierto, no era gratuito, como lo terminaría experimentando Hugo Bravo López, ex gerente del holding Penta y ex director de empresas de este grupo que encabezan Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

Porque Alvarez habría sumado a su esquema a una suerte de "agentes captadores" de contribuyentes dispuestos a rectificar sus declaraciones y, entre ellos, estaba el fallecido martillero Jorge Valdivia, asistente, chofer y colaborador personal de Hugo Bravo.

De acuerdo con la investigación abierta por la fiscalía, Valdivia sirvió de nexo entre Bravo y Alvarez, generando una relación que se habría traducido en al menos tres sociedades de Bravo involucradas en fraudes tributarios por unos 260 millones de pesos (y otros 75 millones en pagos al propio Alvarez). Todo un esquema que terminó con Bravo devolviendo, en agosto pasado, 1.100 millones de pesos al Fisco y ofreciendo su colaboración al fiscal, con la firme intención de evitarse mayores problemas.

Unos meses antes, en abril de este año, Penta había cortado relaciones con su ex gerente, luego de enterarse que, si bien no habían sociedades del grupo implicadas en las denuncias que por entonces comenzaban a aparecer, Bravo sí había pagado un sueldo de 2 millones de pesos mensuales a Jorge Valdivia con recursos del holding. Como si fuera poco, el propio Valdivia, antes de fallecer producto de una enfermedad, optaría por revelar una serie de antecedentes que, con o sin fundamento, buscaban implicar al grupo en todo este enredo.

Ese paso se concretó en agosto pasado, cuando al SII presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente para que investigara a los propios Délano y Lavín por "utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible".

Aunque fuentes cercanas a los denunciados explican que el origen de estas boletas es tan antiguo como la conformación del grupo (con Délano y Lavín, más sus respectivas esposas, como socios) y el esquema de remuneraciones que por entonces establecieron, expertos tributarios advierten que, incluso en el caso de tratarse de "utilización indebida de boletas" se estaría frente a una falta tributaria relativamente común y que rara vez termina en una denuncia a la fiscalía por parte del SII, como ocurrió ahora.

LA VETA POLITICA

Porque el involucramiento de los principales socios de Penta, sumado a las declaraciones de Valdivia, la colaboración de Bravo y la denuncia del SII, resultaban piezas fundamentales para que el fiscal pudiese avanzar en un objetivo más atractivo que las boletas de honorarios: las posibles irregularidades en materia de financiamiento de campañas políticas.

Porque Bravo, el mismo ejecutivo que terminó perdiendo por completo la confianza de los Penta, tuvo en su momento la llave de los aportes que el grupo decidía en el campo político. Aunque bastante menores a las contribuciones del holding en otros ámbitos, como obras de beneficencia al nivel de la Teletón, los aportes del grupo habrían abarcado a postulantes de la Alianza y la Nueva Mayoría. Lo que sus controladores, según cercanos, no parecían conocer eran las formas bajo las cuales Bravo entregaba esos recursos.

Pero el caso abierto tras la denuncia del SII, permitió al fiscal tener acceso a computadores de las oficinas de Penta, incluyendo el del propio Bravo, donde figuran correos electrónicos que detallarían montos, fórmulas de pago, destinatarios y acuerdos con los equipos de determinadas candidaturas. Por cierto, hubo aportes bajo el esquema legal de financiamiento a campañas, pero también han aparecido boletas de terceros para justificar supuestos servicios a cambio de recursos. Las conexiones entre esas boletas y sus eventuales destinatarios finales no parece difícil de establecer, dicen conocedores de la investigación, porque al menos en algunos casos el propio Bravo habría anotado las iniciales de los políticos favorecidos al reverso de estos documentos.

Y así como la investigación inicial del fraude tributario por FUT ya descartó la presencia de sociedades vinculadas a Penta, ahora el grupo estaría centrando sus esfuerzos en despejar los manejos de su ex gerente y dejar en evidencia su desconocimiento de estas actuaciones. El quiebre entre ambos, en todo caso, es total y evidente, al punto que esta semana los dueños de Penta presentaron una querella contra Hugo Bravo "por amenazas reiteradas hacia su persona, asociadas a exigencias económicas injustificadas", según informó su abogado. Conocedores del caso, señalan que Bravo estaría reclamando una indemnización que no recibió al ser despedido por faltas graves.

FINANCIAMIENTO EN LA MIRA

La prestación de un servicio sin contraprestación real era considerado normalmente por el SII como un gasto rechazado para el contribuyente. Ahora el servicio busca configurar el delito de "falsificación ideológica", lo que podría complicar a aquellos candidatos políticos que hayan presentado boletas a cambio de aportes, ya sea propias o de terceros. El eventual delito no es simple de configurar, salvo que los registros del computador de Bravo dejen en evidencia que detrás de esos recursos no existió más que una boleta de justificación. Y eso es lo que mantiene agitadas las aguas de la política.