Los siete miembros del directorio de la Empresa Periodística La Nación tienen dos estudios en derecho para decidir. La empresa controlada por el Fisco en un 69,26% vio reducidos sus ingresos por la decisión del gobierno de establecer la gratuidad para la publicación de constituciones y modificaciones de sociedades con capital inferior a UF5.000. Hasta el 29 de marzo, esa publicación obligatoriamente debía hacerse en el Diario Oficial, filial de La Nación. Y las empresas pagaban por ello.

La medida disminuye los ingresos de La Nación en $4.000 millones al año, que se suman a menores ingresos por $1.000 millones por la entrada en vigencia del Registro Nacional de Prendas. El gobierno argumentó el cambio como una medida para bajar costos al emprendimiento y la creación de empresas, así como una manera de desmantelar un monopolio legal que beneficiaba a privados. A quienes molestó la modificación fue a los accionistas privados de La Nación, Inversiones Colliguay, dueños del 29,52%.

El Diario Oficial es la principal fuente de ingresos de La Nación. De los siete directores de La Nación, cuatro son nombrados por el gobierno: su actual presidente, Daniel Platovsky, Carlos Zepeda, Gonzalo Múller y Jorge Alé. Colliguay eligió a Enrique Alcalde, José Manuel Melero y Teodoro Wigodski.

Si bien en un comienzo los minoritarios evaluaron iniciar por su parte una demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco por una decisión que consideraron expropiatoria, la estrategia apunta ahora a lograr que sea la empresa La Nación la que lleve adelante dicha acción. Para ello han planteado al directorio de la empresa que debe ejercer acciones legales apelando a la Ley 18.046  sobre  Sociedades Anónimas, que obliga a todos los directores a proteger los intereses de la compañía, independientemente de a quién representen en la mesa directiva.

"Por instrucciones del directorio, se solicitó informes en derecho con el fin de analizar las acciones que la empresa debiera emprender con el objeto de defender su patrimonio", dicen los balances de La Nación a marzo. Fueron dos.

El primero fue elaborado por el abogado constitucionalista de la UC Miguel Angel Fernández, y estableció, según un profesional que accedió al texto, que el cambio legal impulsado por el gobierno ocasionó perjuicios a la firma. Posteriormente, se solicitó un nuevo pronunciamiento jurídico, esta vez al jurista Gastón Gómez, miembro del Consejo Nacional de Televisión, que contradijo lo planteado en el primer informe, según una fuente.

LEYES EN INTERNET
A la pérdida de ingresos privados, el Diario Oficial sumaría ahora los ingresos públicos. Entre las 50 medidas del plan Impulso Competitivo, el Ministerio de Economía incluyó una que quita otro monopolio al Diario Oficial: el fin a la obligación de publicar ahí las normas y leyes del Estado, y permite su difusión en internet.

La medida reducirá nuevamente los ingresos del Diario Oficial. Cálculos gruesos indican que cerca de un tercio de sus ventas provienen de los documentos estatales, que son extensos y pagan por centímetro publicado. Además, fuerza hoy al mundo legal a suscribirse y a adquirir el diario para estar al día en la materia.

Para Economía, la decisión se basa en que evita gastos de publicación y papel innecesarios, además de reducir los tiempos desde que se promulga una norma hasta que se publica. La modificación, en todo caso, implicaría la creación de un receptorio electrónico único con la información consolidada de nuevas leyes y normativas.

"Hasta ahora esa es sólo una propuesta y no creemos que se realice", afirma Daniel Platovsky, presidente de La Nación, puesto por el gobierno en el cargo. "El Diario Oficial continúa cumpliendo una función esencial, que es proveer de certeza a los actos jurídicos", agrega el empresario.

Pero el abogado Axel Buchheister valora la propuesta del gobierno. "La administración de una base de datos pública no tiene por qué ser un derecho indefinido. Ese registro unificado podría establecerse en órganos como el Ministerio de Justicia", señala.