Cristián Araya Fernández renunció hace una semana a la presidencia de Tanner Corredores de Bolsa. Ese mismo día, el 31 de enero, la Superintendencia de Valores y Seguros formuló cargos contra el ejecutivo por su rol en el caso cascadas, pero cuando era gerente de inversiones de Banchile Corredores de Bolsa. Araya fue quien, según la SVS, intermedió en una serie de operaciones bursátiles cuestionadas entre 2009 y 2011.
La SVS acusa a Araya de infringir el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que prohíbe efectuar transacciones "por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento". El organismo que dirige Fernando Coloma sostiene que Banchile habría articulado e intervenido en un conjunto de transacciones que simulaban ser operaciones de compra y venta independientes e incondicionales con títulos de SQM-A y SQM-B. Esas transacciones, dice la SVS, habrían sido requeridas en realidad por Aldo Motta, entonces gerente general de Pampa Calichera, quien habría ordenado realizar esas operaciones.
La mecánica cuestionada tuvo dos períodos. El primero, en diciembre de 2009 y marzo y abril de 2010. Calichera ordenó a Banchile realizar operaciones en esas fechas no con el objetivo de transferir la propiedad de los títulos, dice la SVS, sino con el de producir utilidades contables, aunque le generaran pérdidas financieras.
"Las utilidades contables eran posibles por la diferencia entre el valor histórico al cual estaban registrados los títulos SQM-A y SQM-B en la contabilidad de Pampa Calichera y el valor de venta de los títulos, donde este último resultaba muy superior al costo histórico", explica la SVS en la formulación de cargos a Araya, que consta de 41 páginas.
Esas operaciones, sin embargo, no lograron el efecto deseado, porque el auditor, Ernst & Young, objetó esas utilidades contables, porque las transacciones eran entre partes relacionadas.
Ello, según la SVS, habría originado la operación cuestionada de 2011, donde BanChile y Calichera incorporaron formalmente a un tercero que permitiera a futuro la contabilización de las ganancias. Ese fue Linzor Total Return Fund (TRF).
LA OPERACION LINZOR
El día D fue el 29 de marzo de 2011. Calichera, a través de su filial Global Mining, vendió cinco millones de acciones SQM-A, entre las 9.33.28 y las 11.43.22, a través de 22 Operaciones Directas (OD) con difusión de tres minutos, por un total de US$ 282 millones. El comprador fue Linzor TRF. Pero Linzor no retuvo los títulos: los transfirió a Oro Blanco en otras 22 OD que comenzaron a las 9.36.29. Linzor -que también enfrenta una formulación de cargos, junto a su representante legal, Canio Corbo Atria-, ganó $ 192 millones en la operación. La SVS acusa a Linzor de actuar de "puente" entre Calichera y Oro Blanco para registrar las utilidades. Y le impidió contabilizarlas.
Araya declaró a la SVS que no recordaba cómo había partido esa operación, pero sí justificó la reventa de Linzor a Oro Blanco. "El cliente Linzor quería hacer una pasada a un porcentaje bajo y vender las acciones rápido. Ahí le comenté al vendedor (Aldo Motta), a quien le molestó eso y me llama de vuelta y me dice que quiere comprarlas de vuelta", dijo.
La SVS consideró la explicación poco plausible "desde distintos ángulos" y presume que Araya intentó "disfrazar" la real secuencia de los hechos. "Resultaría contradictorio que el señor Motta se hubiera molestado debido a que el adquirente de las acciones -desconociendo supuestamente aquel que el comprador era Linzor-, hubiera planteado la intención de vender esas acciones", explica la SVS.
Además, agrega la SVS, la supuesta molestia de Motta es contradictoria con la esencia misma de una venta, que es transferir a un tercero la propiedad y el control de un activo. "Si al señor Motta le molestaba cuál podría ser el destino de esas acciones, la lógica indica que nunca se debería haber desprendido de ellas", concluye.
