Hoy en Chile, 25.171 familias viven en condiciones de precariedad, sin acceso a alguno de los servicios básicos de luz, agua potable o alcantarillado, en viviendas tipo mediaguas emplazadas en los 498 campamentos contabilizados en el país a la fecha.

Así lo registran las cifras del Ministerio de Vivienda para abordar el problema y de los cuales, anuncia, pretende cerrar el 48% de estos en los tres años que restan de gobierno, lo que equivale a 240 asentamientos.

De hecho, la secretaría Ejecutiva de Aldeas y Campamentos, dependiente de la cartera, dio por terminados alrededor de 40 campamentos durante el año recién pasado, y desde 2011,  año en que se realizó el último catastro oficial, se han cerrado 177 campamentos, de acuerdo al Ejecutivo.

Si bien el cierre del 26% de los asentamientos registrados en 2011 es considerado como un "avance importante" por la Ministra de Vivienda, Paulina Saball, el registro contrasta con las cifras que maneja la organización Techo-Chile, una de las principales entidades sin fines de lucro vinculada a la problemática y que actualiza su catastro cada seis meses.

Así, existe una diferencia de hasta 181 campamentos y 6.641 familias entre ambas mediciones, grupos a los que las políticas destinadas a su intervención y subsidios habitacionales no estarían llegando (ver infografía).

Como afirma Valentina Latorre, directora Social de Techo- Chile "el catastro es una foto del 2011 y el fenómeno de campamentos es muy dinámico y complejo. En nuestras cifras existen diferencias por componentes metodológicos (lo que se define como campamento) y porque hay algunos que se han erradicado, pero se han vuelto a poblar, y campamentos en zonas rurales que no se han incorporado en el catastro del ministerio".

Agrega que "hay al menos 28 nuevos asentamientos que han surgido como tales desde el 2011, pero además, existen 103 en zonas rurales no contabilizado oficialmente".

Además, según las cifras de esta organización, el número  ha ido en aumento. Así, hoy habrían 266  más que en 2001.

No obstante, la ministra Saball aclara que "nuestra estrategia central se basa en el catastro de 2011 y hay que robustecer las políticas públicas para dar cabida a esas familias en los programas regulares. Si cada año hacemos un catastro nuevo, estamos favoreciendo que los campamentos sean una estrategia (para tener una solución habitacional)", afirma.

Esta decisión podría impactar, especialmente, en la zona  norte. Según un estudio realizado en 2013 por el Observatorio de Ciudades de la U. Católica, son Arica, Tarapacá y Atacama, las regiones más expuestas a la creación de los asentamientos, debido a la alta cantidad de migrantes.

A juicio del jefe de la oficina de Arica de la fundación Ciudadano Global Servicio Jesuita a Migrantes, Antonio Cortés, "esto debiera ser revisado y mirado con mayor detención. Muchos migrantes quedan fuera de las políticas habitacionales y otros beneficios porque los trámites de migración son extremadamente lentos y muchos no tienen un RUT".

NUEVO ENFOQUE

Durante este año, el Minvu se propuso como objetivo cerrar definitivamente 60 campamentos. Para esto, está interviniendo 83 a lo largo del país, ya sea por la vía de la radicación y saneamiento, la relocalización o la asignación de subsidios individuales a través de los programas regulares.

Como explica la ministra, "hemos puesto el énfasis en dos aspectos. Primero, en concebir al campamentos como un todo y buscar una solución y estrategia que abarque a todas las familias que viven en él, lo que es muy complejo por la diversidad de situaciones", dice.

Y agrega que la otra área que contempla es "incorporar en la solución la reutilización del terreno, porque si no se da otro destino, o quedan familias viviendo allí, por lo general éstos vuelven a reproducirse".

Así también, destaca, se han introducido programas que benefician a los habitantes de estos lugares, como su inclusión en la ley de regularización de loteos (aprobada recientemente en el Congreso), la revisión de los casos en que familias pobladoras pudieron haber sido beneficiadas con otro subsidio  en el pasado y la ampliación de los programas  para proyectos de integración social.

Algunas de estas soluciones buscan plegarse en el campamento Ricardo Lagos de Curanilahue, habilitado en 2002, y que hoy están en proceso de adquirir un título de dominio. "Después de 12 años tenemos recién un avance porque la municipalidad compró el sitio", cuenta el dirigente Jaime Ceballos (56). "Ahora podremos postular a los subsidios porque antes, cuando hacían llamados (del Minvu), nunca nos llegaba la información a tiempo", critica el poblador.

Por su parte, el mundo académico pone en duda la efectividad y agilidad con que estas políticas podrían impactar a las familias. Como explica el arquitecto del Programa de Laboratorio Ciudad y Territorio de la U. Diego Portales, Francisco Donoso, "las personas que viven en campamento siguen siendo el patito más feo de las clases vulnerables y es difícil que los proyectos privados de integración social las incorporen, aunque el Estado le entregue incentivos a las inmobiliarias".

Por otro lado, el urbanista Iván Poduje, de la oficina de asesorías Atisba, dice que "las soluciones de vivienda están tardando en llegar porque existe una escasez de terrenos. Y ya no se puede seguir llevando a las clases vulnerables a la periferia, se deben doblar los esfuerzos por conseguir sitios mejor localizados (...) Falta un plan de compra de terrenos más agresiva y también hacerse cargo de los nuevos campamentos, sino es un tema que no acabará".