Uno de los primeros actos oficiales del Presidente Barack Obama, en enero de 2009, fue firmar una orden ejecutiva para cerrar el centro de detención militar de la bahía de Guantánamo (Cuba) en un plazo de un año. Pero hasta ahora, nada de esto ha sucedido y el mandatario estadounidense no ha podido cumplir una de sus principales promesas de la campaña de 2008. Hoy, la polémica cárcel continúa abierta, con aún 149 prisioneros en su interior, a pesar de haberse dictado órdenes judiciales para dejar en libertad a un número importante de ellos.
Decidido a cumplir con su promesa, Obama aseguró en su último discurso sobre el estado de la Unión que este año cerraría Guantánamo, sin precisar qué ocurriría con los prisioneros albergados allí. Luego se conoció que Washington había solicitado a varios países de la región que acogieran a reclusos, por razones humanitarias. El pedido habría sido acogido de momento por Uruguay, que recibiría a seis reos. En tanto, la Corte Suprema de Chile cuestionó jurídicamente el eventual arribo de presos al país, debido a la inexistencia de tratados que permitan esa operación.
Según The Washington Post, 779 individuos han estado encarcelados en Guantánamo desde la apertura de esa prisión, el 11 de enero de 2002. De éstos, nueve murieron mientras permanecían bajo custodia y 621 prisioneros fueron transferidos a 52 países, agrega The New York Times. Hoy permanecen detenidas allí 149 personas, asegura Laura Pitter, asesora legal senior en seguridad nacional de Human Rights Watch (HRW). Pese a que a los sistemas judiciales civiles de EE.UU. no se les permite encarcelar sin cargos durante largos períodos, dice que la mayoría de los presos en Guantánamo han estado allí más de 12 años sin ser acusados.
Pitter detalla que 78 prisioneros han sido seleccionados para ser liberados, pero aún no lo consiguen. Otros 38 están en lo que el gobierno llama una "categoría de detención indefinida", compuesta por presos que supuestamente son demasiado peligrosos para ser liberados, aunque las autoridades no tienen pruebas suficientes para condenarlos o la evidencia está conta- minada por la tortura. En tanto, siete han sido acusados y esperan juicio y sólo tres han sido condenados.
"Ellos deben transferir los (detenidos) que podrían ser juzgados ante tribunales federales y liberar al resto", señala Pitter. Aunque la asesora de HRW reconoce que existen "riesgos políticos" en hacerlo, cree que la preservación de Guantánamo "plantea una mayor amenaza para Estados Unidos".
Pero la liberación de los prisioneros de Guantánamo también representaría un riesgo. Así, al menos, lo reveló un informe publicado en 2010 por el Pentágono, según el cual uno de cada cinco detenidos de esa prisión militar de EE.UU. se había unido o se sospechaba que se había integrado a grupos extremistas como Al Qaeda al ser puestos en libertad. Una evaluación de 2008 del Departamento de Defensa había mostrado que el 11% de los ex detenidos se habían sumado o eran sospechosos de unirse a los grupos militantes. En 2013, un reporte difundido por la Oficina del Director de Inteligencia Militar indicaba que de 603 detenidos que habían sido puestos en libertad, 100 habían retomado su lucha contra EE.UU.
A fines de mayo pasado, EE.UU. trasladó a cinco presos afganos de Guantánamo a Qatar, en un intercambio por la liberación del soldado norteamericano Bowe Bergdahl, retenido por los talibanes durante cinco años. The Washington Post y CNN revelaron luego que los reos canjeados eran altos cargos del régimen talibán, que ejerció el poder en Afganistán entre 1996 y 2001. La administración de Obama aseguró que los presos estarían sujetos a la custodia y el control de las autoridades del país del Golfo, que impondrían restricciones a sus movimientos y actividades.
Sin embargo, su liberación despertó críticas, como la del senador republicano John McCain, que aseguró que estos prisioneros eran "terroristas que tienen sangre estadou- nidense e incontables afganos en sus manos". Hasta entonces, la última vez que se había liberado de Guantánamo a un alto cargo de los talibanes fue en 2007, y el preso en cuestión, Mulá Abdul Qayyum Zakir, regresó a Afganistán y se convirtió en director de operaciones militares del movimiento talibán, según informó The Washington Post.
En marzo pasado, el Presidente uruguayo, José Mujica, confirmó que su gobierno otorgaría asilo a cinco o seis detenidos en Guantánamo, quienes llegarían al país en calidad de "refugiados". Al mes siguiente, en una comparecencia ante el canciller uruguayo, Luis Almagro, dijo que estos prisioneros serían "hombres libres en el país" y "no tendrán vigilancia especial". Pero a comienzos de septiembre la eventual transferencia de los reclusos quedó en compás de espera, luego de que Mujica asegurara que "los cautivos van a venir cuando yo disponga".
