El "decreto 75". Así se denomina el reglamento presentado a Contraloría el 25 de febrero de 2010 e ingresado el 8 de marzo del mismo año por el gobierno de Michelle Bachelet, a días que la administración dejara La Moneda y asumiera Sebastián Piñera.

Este desconocido reglamento apuntaba a anular los efectos de la circular 17 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), es decir, a impedir que las entidades bancarias modificaran las comisiones de forma unilateral, como ha quedado en evidencia con los recientes casos de Cencosud y BancoEstado.

Pese a que los primeros indicios de estos cobros se remontan desde 2003 y que las primeras acciones judiciales se registraron un año después, fue recién en febrero de 2010 con el mencionado decreto emanado del Ministerio de Economía que se intentó frenar de manera efectiva esta práctica. Así fue como el documento ingresó a la Contraloría, tres días antes del último cambio de mando.

Mientras las nuevas autoridades se acomodaban en sus puestos, la Contraloría conoció el Decreto 75 y frenó su andar. ¿La razón? Era "inviable" para su aprobación, dado que el material del reglamento era considerado "materia de ley", según revelaron desde el órgano fiscalizador a La Tercera.

Ante este diagnóstico, el 12 de abril del mismo año, el Ministerio de Economía, entonces recién asumido, decidió retirar el texto. La idea, según afirman, era abordar la materia, pero esta vez con un proyecto de ley en agosto, que pasaría a crear el Sernac Financiero a fines de 2011.

"EL ANTERIOR GOBIERNO SABIA QUE LA CONTRALORIA NO LO APROBARIA"

En su única reacción sobre los casos de cobros abusivos, el miércoles 8 de este mes Michelle Bachelet apuntó al Decreto 75: "Envié el Reglamento sobre Protección al Consumidor en materias Crediticias en febrero de 2010 que debió haber sido aplicado dentro de los primeros 180 días de la administración actual. Pero aún no sabemos por qué no se aplicó".

Envié el Reglamento sobre Protección al Consumidor en materias Crediticias en febrero de 2010 que debió haber sido aplicado dentro de los primeros 180 días de la administración actual",<strong> Michelle Bachelet.</strong>

La visión que tienen en el Ministerio de Economía es muy diferente, pues señalan que la anterior administración sabía que el reglamento no pasaría la revisión de la Contraloría. Por el contrario, sólo se trataría de una acción para "evadir responsabilidades" de los casos de cobros abusivos anteriores a 2010.

Así lo afirma a La Tercera la fiscal del Ministerio de Economía, Macarena Letelier. "Si el gobierno anterior tenía la intención de regular todo esto, debió haber sido en un proyecto de ley, que es lo que hicimos, tomanos el espíritu y la idea del reglamento y presentamos la Ley del Sernac Financiero".

Aquí el gobierno actuó a última hora, y con esta gestión de último minuto era evidente que el reglamento no iba a prosperar.", <strong>Macarena Letelier, fiscal del M. Economía.</strong>

Letelier agrega que "aquí el gobierno actuó a última hora, y con esta gestión de último minuto era evidente que el reglamento no iba a prosperar. Cualquier abogado sabe al leerlo, que la Contraloría no iba a tomar razón, con sólo mirar los vistos. No se puede evadir la responsabilidad argumentando que se presentó el decreto, si los casos eran anteriores al 2010".

A ULTIMA HORA
El director del Sernac bajo el gobierno de Bachelet, José Roa, aseguró a La Tercera que las razones para haber enviado de manera tan tardía esta iniciativa respondieron a la complejidad de la materia tratada. "Era un tema muy complejo en distintos ámbitos, debido a la diversidad de actores: compañías de seguro, cajas de compensación, la banca, y empresas del retail, entre otros", explica.

Ante la suerte que corrió el reglamento, calificado como "inviable" por la Contraloría, Roa apuntó a un mal manejo del actual gobierno. "Este reglamento fue aprobado por La Moneda, el Sernac, los ministerios de Hacienda y de Economía. Parte de un trabajo serio es resolver las dudas de la Contraloría, las que sólo tenía en algunos puntos. Un buen gobierno las resuelve, las soluciona, las somete a ley y no saca el reglamento", sentencia.

Y agrega que el reglamento está firmando también por Eduardo Escalona, quien se desempeñó como fiscal de Economía durante el período de Hugo Lavados y siguió en ese cargo con el Presidente Piñera. Una figura que se repite con el abogado Jaime Lorenzini quien fue contratado de forma externa por el Sernac para colaborar en la elaboración del documento, quien también siguió trabajando con el ex director del organismo Juan Antonio Peribonio, hoy intendente de la Región Metropolitana.

ASUNTO DE LEY
Pese a los descargos de las anteriores autoridades, la decisión de La Contraloría sobre el Decreto 75 fue tajante, al declarar su inviabilidad. En este escenario, el Ministerio de Economía retiró el documento el 12 de abril de 2010.

Según la fiscal del Ministerio de Economía, Macarena Letelier, "luego de una conversación con Contraloría se llegó a la conclusión que no se tomaría razón del decreto y ¿por qué? Bueno, porque lo que disponía el reglamento era materia de ley", detalló.

Tras ello, el gobierno decidió redactar el proyecto de ley que dio vida al Sernac Financiero y presentarlo el 3 de agosto del mismo año. Este, según la abogada del Ministerio de Economía, contiene "la gran mayoría de lo dispuesto en el decreto 75 original".

En el Sernac Financiero, apunta, se estipula, entre sus principales fundamentos, que los clientes pueden exigir la información del costo total del producto o servicio contratados o cotizados y conocer las condiciones para acceder a ellos, como rentas mínimas de los consumidores. Específicamente, Letelier destaca el artículo 17 de esta ley, la cual "trata de la potestad del Sernac".

Sin embargo, consultada específicamente sobre la indicación que prohíbe a las instituciones modificar los precios de las comisiones de forma unilateral, sostuvo que "no está expresada en esos términos".