Bastan 140 caracteres para desatar una polémica. Ese es el espacio que asigna Twitter para cada posteo y el que utilizó Emiliano Vecchio para encender la red social con una alusión directa al arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera. A sus dichos se sumó, después, el preparador físico albo Juan Ramírez. Los tres fueron denunciados por la ANFP al Tribunal de Disciplina y se exponen a una sanción que fluctúa entre los dos y los diez partidos de suspensión.
Sin embargo, el alto impacto de las plataformas virtuales traslada la preocupación a las consecuencias que una declaración de ese tipo tiene entre los millones de seguidores de ambos clubes que utilizan el mismo soporte.
A nivel local, el fenómeno global comenzó a dimensionarse el año pasado con las intervenciones de Esteban Paredes después de un Superclásico y las quejas de los seleccionados Marcelo Díaz y Mauricio Pinilla por el cometido del juez Jorge Osorio en el mismo encuentro.
Universidad de Chile se transformó en el primer club que estipula por escrito los márgenes para desenvolverse en las redes sociales. Los contratos de los refuerzos que llegaron este año al plantel que dirige Martín Lasarte, Miguel Jiménez y Leandro Benegas, explicitan que no pueden emitir opiniones por esa vía sin la autorización del club y que, por ningún motivo, les está permitido referirse a su empleador. La norma rige desde mediados de 2014.
Los laicos también extienden esa disposición a los estados de Facebook y WhatsApp. "Es fácil enterarse de los estados de ánimo de los jugadores a través de esas vías", dice una fuente azul.
En Colo Colo, en cambio, aún no incluyen ese acápite en los contratos. Sin embargo, existe un área especializada que brinda asesoría y recomendaciones a los futbolistas, aunque sin caer en restricciones.
En Macul, a cada jugador nuevo que llega se le consulta si tiene cuentas en Twitter o Facebook y quién se las maneja. En caso de no contar con ellas, y de estar interesado, se le brinda ayuda en la creación, además de algunos consejos para sumar seguidores. Eso sí, se les aclara que sus intervenciones no sólo representan una postura personal, sino que también afectan, en cualquier sentido, la imagen de la entidad alba.
En ambos casos, una de las principales inquietudes es establecer que no están afectando el principio de la libertad de expresión, sino que se tiende al uso responsable de esos espacios.
Esa materia es la que más inquieta al Sifup. "Si existiera una cláusula en ese sentido sería ilegal. No se puede limitar el derecho a opinar", dice su presidente, Carlos Soto. El matiz que establece el líder gremial es que un futbolista sí puede recibir penalización por el contenido de sus opiniones, como en el caso de Julio Barroso y, eventualmente, en el de Vecchio, Herrera y Ramírez.
Barcelona, el pionero
A nivel mundial, ya existían las primeras regulaciones. Antes del Mundial de Brasil, FIFA planteó las primeras restricciones. La primera motivación del ente que controla el fútbol mundial fue comercial. La disposición estableció que los futbolistas que intervinieran en el torneo no podían promocionar productos a través de sus cuentas.
Barcelona fue el primero que preparó un código de conducta para sus deportistas en el espacio virtual. En el club blaugrana militan varias de las figuras que generan mayor resonancia en el ciberespacio, como el brasileño Neymar, quien suele aprovechar su cuenta como plataforma publicitaria.
La norma estimula el uso de las redes sociales para la interacción con los aficionados y no toca los intereses económicos. Sin embargo, establece límites. Por ejemplo, los futbolistas no pueden revelar aspectos relacionados con la preparación o la planificación de los respectivos partidos ni tampoco pueden subir imágenes captadas en los sitios de práctica o en los vestuarios.
La intención es proteger la intimidad del plantel, mantener en reserva su trabajo y las instalaciones que ocupan para desarrollarlo, incluso por seguridad.
En el club que integra el capitán de la Selección, Claudio Bravo, han aclarado que no se trata de censurar, sino de evitar perjuicios a la imagen institucional y a la de las propias figuras culé.