SOLO A TRAVES de google, algunos de los ministros recientemente designados por Michelle Bachelet para integrar su primer gabinete, pudieron conocer el rostro y el currículum de quienes -a partir de marzo- serán los subsecretarios de sus carteras.
Era la noche del martes 28 cuando, cercas de las 22.30 horas, el vocero Alvaro Elizalde -en lo que constituyó el debut de sus futuras funciones- dio a conocer la nómina de las 32 autoridades.
Lo de "dar a conocer" no fue sólo a la opinión pública, sino que también a los jefes de partido de la Nueva Mayoría y los propios secretarios de Estado recién nominados, que no tuvieron acceso a la lista ni a quien será el encargado de secundar sus labores a contar del 11 de marzo.
La única pista que habían tenido los futuros ministros eran las nóminas impulsadas por los partidos para los diferentes cargos. Sin embargo, varios de los nuevos subsecretarios no integraban ninguna lista oficial de alguna colectividad. Así, buena parte del gabinete -descontando a los secretarios de Estado más cercanos a la Mandataria electa- siguió el anuncio por televisión, y sólo conoció a sus subalternos en la jornada organizada en las Termas de Jahuel, el jueves 30 y viernes 31 de enero.
La fórmula -en todo caso- ya no era novedad.
La nominación del gabinete ministerial trajo varias sorpresas a la elite de la Nueva Mayoría. Los propios designados se fueron enterando de quienes serán a partir de marzo sus compañeros de equipo a medida que iban llegando al salón Ebro en el Hotel Plaza San Francisco. Y cuando la Presidenta electa llamó -minutos antes del anuncio- a los timoneles, para comunicarles a los nuevos ministros, sólo les dio a conocer los nombres de quienes eran militantes de sus partidos. Del resto debieron enterarse por TV.
El sábado 1 fue el turno de la designación de los intendentes. Esa tarde -según señalaron quienes conocieron pormenores del proceso- se citó a las oficinas de Tegualda al designado subsecretario de la Secretaría general de Gobierno, Rodolfo Baier.
El periodista -militante del PR- no sabía que se le convocaba para realizar su primera vocería pública y dar a conocer la nómina de futuros intendentes. Así, a Baier, una vez instalado en las dependencias del ex comando, se le debió facilitar una corbata para que pudiera cumplir con esa labor.
La incomodidad por el hermetismo con que Bachelet y su grupo más cercano se ha manejado en general desde el arribo a Chile de la hoy Mandataria electa -en enero de 2013- terminó por estallar esta semana y provocó la primera crisis del futuro gobierno.
El episodio que detonó la molestia se generó en los cuestionamientos que comenzaron a levantarse sobre algunas de las futuras autoridades -especialmente subsecretarios e intendentes-, y que terminaron el martes con la renuncia de Claudia Peirano (DC) a la subsecretaría de Educación.
Peirano permaneció apenas siete días nominada en el cargo, acosada por críticas que apuntaron a una carta firmada por ella en 2011 en rechazo a la gratuidad en la educación, una de las bases de la reforma que impulsará la futura administración, además de un supuesto conflicto de intereses por su participación en una Agencia de Asistencia Técnica Educativa (ATE).
La subsecretaria abrió un flanco de cuestionamientos de los principales líderes estudiantiles y de diputados electos como Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric, entre otros.
A pesar de su renuncia, un nuevo foco se generó el mismo martes: los subsecretarios de Bienes Nacionales, Miguel Moreno, y de Agricultura, Hugo Lara, comenzaron a captar la atención por haber enfrentado procesos judiciales.
El primero fue condenado por ofensas al pudor en 2011 y el segundo ha recibido dos querellas por presuntos delitos económicos.
Al cierre de esta edición, en el equipo de Bachelet se trabajaba en la puesta en escenar para las renuncias de Moreno y Lara. El segundo, incluso, ya preparaba una carta para declinar el cargo.
LAS MIRADAS EN PEÑAILILLO
La seguidilla de cuestionamientos por las nominaciones puso en el tapete el rol del futuro ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
A pesar del atisbo de crisis, el personero PPD ha mantenido sus días de vacaciones y pretende retomar sus funciones recién el próximo 17 de febrero, de acuerdo con las instrucciones emanadas de la propia Bachelet.
Hay coincidencia en que el hermetismo que la electa Mandataria ha imprimido como sello de su estilo tiene su mejor exponente en Peñailillo.
Es este modelo de gestión -con énfasis en un riguroso control de la información y que toma distancia de los partidos- el que el futuro jefe de gabinete puso en marcha al momento de las designaciones.
Tal como Bachelet, Peñailillo ha estructurado un grupo de confianza con el que trabaja desde hace años.
Es a este equipo al que se responsabiliza de los chequeos de datos de las futuras autoridades, labor que -a diferencia de las ex administraciones de la Concertación- esta vez no fue sociabilizada entre los partidos.
Miembros del equipo de Bachelet sostienen que antes de que la Mandataria electa realizara el nombramiento se revisaron los antecedentes profesionales, se chequearon el Dicom, las sociedades comerciales y eventuales causas en Juzgados de Familia, así como eventuales sumarios en el caso de que el personero (a) hubiera ocupado antes otros cargos públicos.
Entre los cercanos a Peñailillo está Flavio Candia, a quien se considera hoy por hoy su más cercano colaborador. El ingeniero ocupaba una oficina contigua al hoy ministro en la sede de campaña de Av. Italia. Junto a él estaba Jorge Pizarro Cristi, también colaborador de Peñailillo e hijo del actual presidente del Senado, Jorge Pizarro.
El grupo del futuro titular de Interior también está compuesto por Héctor Cucumides (a cargo de cotizaciones y facturas en el ex comando); Orlando Morales (integrante del equipo nacional electoral en la campaña) y Juan Eduardo Faúndez, designado subsecretario de Servicios Sociales.
Según señalan fuentes de la Nueva Mayoría, al menos Candia y el asesor Robinson Pérez, encabezaron parte de las labores de revisión de antecedentes. A ellos -en todo caso- se sumaron personeros de confianza del futuro ministro de Hacienda, Alberto Arenas, entre ellas Andrea Palma, su ex jefa de gabinete.
Además de la falencia para detectar antecedentes judiciales, en el futuro oficialismo se resintió especialmente la falta de criterio político para advertir eventuales flancos.
El caso más evidente es el de Peirano, donde en el grupo cercano a Bachelet se admite que se conocía la carta en la que la hoy renunciada subsecretaria rechazaba la gratuidad en la educación. No obstante, se desconocía -por ejemplo- que su hijo Ignacio Oliva era uno de los actuales vicepresidentes de la Feuc. Un antecedente que era plenamente conocido en la DC.
En los cuestionamientos a Moreno y Lara, en tanto, operó un mecanismo similar: al evitar las consultas en los partidos para que no se produjeran filtraciones se pasaron por alto situaciones que eran conocidas tanto en el PR como en la DC.
"Los cuidados del sacristán terminaron por afectar al señor cura", comentó el presidente (s) de la DC, Fuad Chahín, al ser consultado por el proceso de nominaciones. "Es bueno actuar de manera discreta, pero cuando hay tanto hermetismo se pueden incurrir en errores no forzados", remató el diputado.
"Desconozco cuál fue la metodología utilizada y por los antecedentes que conocemos hay situaciones que no fueron bien chequeadas", afirmó, por su parte, el vicepresidente del PR, Ricardo Navarrete.
Otro coletazo no menor respecto del hermetismo y la distancia de las colectividades con las que se nombró a las nuevas autoridades fue que las designaciones no respetaron equilibrios políticos y dejaron varias víctimas en el camino.
En esta lógica, por ejemplo, la diputada electa Yasna Provoste, ex ministra de Educación de la propia Bachelet (destituida en 2008) fue una de las primeras que levantaron críticas a Peirano. "El problema que tiene Claudia Peirano no es técnico, es un problema de convicciones", afirmó.
Y en el PR fue Navarrete -de una tendencia contraria a Moreno- quien abrió la puerta para la remoción de su correligionario, al señalar que "claramente es una situación bochornosa, penosa, que deberá ser evaluada por los equipos políticos del gobierno que va a asumir".
"NOS DEFENDEMOS ENTRE TODOS"
El hermetismo, en todo caso, también ha sido la fórmula con que se ha enfrentado la crisis. Salvo el presidente (s) de la DC -a quien Peirano llamó minutos antes de presentar su renuncia-, y algunos de los colaboradores más cercanos a Bachelet, fueron informados de la dimisión de la economista. El resto del futuro equipo de gobierno sólo se enteró por los medios de comunicación.
A las demás autoridades cuestionadas, en tanto, se les ordenó mantener estricto silencio frente a las críticas, y ni siquiera han podido salir a defenderse públicamente. Fue el futuro subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien, frente a la ausencia de Peñailillo u otra autoridad, asumió en los últimos días una suerte de coordinación de la crisis: tomó contacto con los cuestionados e inició un proceso de revisión total de los antecedentes de las autoridades designadas.
En el cónclave que encabezó Bachelet el jueves 30 y viernes 31 en las Termas de Jahuel con su equipo, fue la propia Mandataria electa quien realizó un férreo llamado a evitar la sobreexposición mediática y a resguardar la unidad del grupo.
Según algunos asistentes a la cita, Bachelet hizo hincapié en que no podían haber diferencias internas, que eran "un equipo" y que ante los cuestionamientos la máxima debía ser: "nos defendemos entre todos". La presidenta les advirtió que en su administración no habrá espacio para las agendas paralelas o individuales. También -en una señal que incomodó a algunas de las autoridades que provienen de la vieja elite concertacionista- durante el cónclave se remarcó que este no era un quinto gobierno de esa coalición, sino más bien "el primero de la Nueva Mayoría".
Con todo, varios coinciden en que Bachelet enfatizó que será el programa y su cumplimiento la vara con la que se medirá a su nuevo gobierno (ver nota relacionada).
Otra de las instrucciones apunta a que los futuros ministros y subsecretarios se deben abstener de emitir opiniones que no sean exclusivas de su cartera.