El informe del dolor

El 12 de marzo de 1990 un emocionado Patricio Aylwin pronunció, desde el Estadio Nacional, uno de los primeros discursos que pasaría a la historia de la transición.

Acompañado de los principales líderes del nuevo oficialismo, el entonces Presidente declaró: “La conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad de los desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Hemos dicho también (...) que, concretadas las responsabilidades personales que corresponda, llegará la hora del perdón”.

Estas palabras marcarían el rumbo de los cuatro años de Aylwin en La Moneda en materia de Derechos Humanos, una agenda compleja a raíz de la activa presencia de las Fuerzas Armadas durante el primer gobierno democrático tras el fin de la dictadura.

Con este objetivo en la cabeza, el 25 de abril de 1990, es decir, a menos de dos meses de asumir en su cargo, Aylwin oficializó la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuya misión era “contribuir por primera vez al esclarecimiento global de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 bajo la dictadura militar”.

La comisión fue presidida por el abogado Raúl Rettig, y por otros nueve representantes de las ciencias sociales y jurídicas del país, que incluyó personeros tanto de oposición como del oficialismo de la época.

Quienes participaron de este equipo aseguran que la decisión de crear esta comisión fue una de las más complejas que se tomaron en el mandato de Aylwin.

Esto, recuerdan, ya que no habían muchas experiencias en materia de violaciones a los derechos humanos. “España no había hecho nada y Argentina había intentado hacer mucho y pero tuvo que retroceder en medio de sonadas militares. Muchos al interior del gobierno aconsejaban no hacer nada, que esto sería poner en riesgo la transición”, recuerda el abogado DC y secretario ejecutivo de la comisión, Jorge Correa Sutil.

Así, uno de los principales desafíos que debió enfrentar en el ex Mandatario fue encontrar personeros de derecha que quisieran sumarse a esta iniciativa.

Es así como Aylwin personalmente inició la búsqueda, la que se tradujo en negativas constantes por parte de políticos de derecha luego que estos partidos instruyeran a sus militantes a no participar del proceso. Fue el caso de Ricardo Rivadeneira y Francisco Bulnes, quienes fueron visitados personalmente por el entonces Mandatario, y que también se negaron, recuerda Correa Sutil.

Finalmente, el historiador y ex ministro de Educación de Augusto Pinochet, Gonzalo Vial, fue quien accedió a participar de la convocatoria.

En febrero de 1991, Aylwin se encontraba de vacaciones en Cerro Castillo. Hasta el lugar llegaron Retting y Correa Sutil a presentarle la versión final del informe, la que se encontraba dividida en tres tomos. El Presidente lo leyó durante varios días y luego convocó nuevamente a Correa Sutil hasta Cerro Castillo. “Aylwin no era un hombre que ignorara las violaciones a los derechos humanos pero al haberlas leído lo noté profundamente conmovido”, recuerda el entonces secretario de la comisión.

Días antes de la presentación oficial del documento, Aylwin recibió en La Moneda a dirigentes de detenidos desaparecidos para adelantarles les el tenor de la publicación. La reacción no fue la esperada. Pese a que las agrupaciones destacaron la elaboración de un informe con un primer reconocimiento respecto a las violaciones a los DD.HH. lo calificaron como insuficiente. “Si nuestros seres queridos están muertos, no nos satisface el conocimiento moral del hecho sino la concreción de la muerte, o sea, saber dónde están sus restos”, aseguró a la salida de la reunión quien se convertiría en una histórica dirigente de DD.DD, Sola Sierra.

Pero las críticas no quedaron ahí. Las Fuerzas Armadas, que cuestionaron desde un principio la realización de este trabajo, agudizaron aún más sus criticas, dando señales complejas para la institucionalidad del momento.

“El Ejército (...) no aceptará ser situado en el banquillo de los acusados, por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria”, aseguró el propio Augusto Pinochet pocos días después de la entrega del informe.

A pesar de lo anterior, Aylwin ya había sorprendido al mundo entero al pronunciar durante la entrega oficial del informe un discurso que pasaría a la historia por convertirse en el primer Presidente en pedir perdón a nombre del Estado por las violaciones a los DD.HH.

“Me atrevo a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas [...] [reivindicando] pública y solemnemente la dignidad personal de las víctimas, en cuanto hayan sido denigradas por acusaciones de delitos que nunca les fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni medios adecuados para defenderse”.

El perdón, sin embargo, no fue suficiente para las agrupaciones de familiares de DD.DD.. Meses antes de la entrega del informe, en junio de 1990, Aylwin había asegurado que se buscaría la verdad para que se hiciera “justicia en la medida de lo posible”, frase que marcaría su gestión respecto a DD.HH.

“Esta inaceptable frase finalmente selló la impunidad para los violadores de derechos humanos”, sentencia la dirigente de DD.DD, Lorena Pizarro, quien además agrega: “Es un insulto tremendo a las víctimas, de decir, los reconocemos como víctimas, pero nunca vamos a dar a conocer los nombres de los victimarios”.