El juez español Baltasar Garzón se sentará el próximo 29 de noviembre por primera vez en el banquillo de los acusados para ser juzgado por presunta prevaricación por las escuchas que ordenó en el marco del "caso Gürtel", una trama de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.

Según informaron hoy fuentes del Tribunal Supremo, el juicio oral contra el magistrado comenzará nueve días después de las elecciones generales en España.

Es el primero al que se enfrentará Garzón en el tribunal,  donde tiene otras dos causas abiertas: una por su investigación de los crímenes del franquismo, en la que tiene que fijarse aún la fecha del inicio del juicio, y otra por un dinero que cobró para unos cursos en Nueva York patrocinados por el Banco Santander, ésta aún en fase de investigación.

El magistrado, de 56 años, se encuentra suspendido de sus funciones como juez de instrucción de la Audiencia Nacional española desde mayo de 2010, después de que el Tribunal Supremo decidiera que debía ser juzgado por supuesta prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo.

Al juicio que arrancará en Madrid el 29 de noviembre se llega por la querella que presentaron en su día los abogados de dos de los acusados en el "caso Gürtel", que solicitan 10 y 17 años de inhabilitación para el magistrado por prevaricación por haber ordenado en 2009 intervenir las conversaciones que varios de los procesados tuvieron en prisión con sus abogados.

El Tribunal Supremo consideró que la orden para intervenir esas conversaciones "constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales", por lo que decidió juzgar al juez.

Garzón, por su parte, niega haber prevaricado o vulnerado la intimidad de los imputados con esas escuchas que, no obstante, fueron consideradas ilícitas y anuladas en marzo de 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por lo tanto no pueden ser utilizadas como prueba en el proceso sobre "Gürtel". La Fiscalía pide la absolución del magistrado.

Tras su suspensión cautelar como juez de la Audiencia Nacional, Garzón se fue a La Haya a trabajar como asesor del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo. Trabaja asimismo como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia. En julio, fue elegido además miembro del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa.