Una reunión en la casa de un senador, a la que asisten futuros ministros de Estado, varios jueces, fiscales y alguno que otro privado. Trasciende y genera críticas, se sugiere "tráfico de influencias", pero sus organizadores la defienden. Argumentan que se trata de un encuentro de carácter social.

El caso es conocido. A principios de marzo, Guido Girardi organizó una cena privada en homenaje al recién asumido presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que -sin querer- terminó abriendo un debate sobre la necesidad de transparentar algunas de las actividades y vínculos de las autoridades.

Tres meses después del episodio, y en medio de la serie de preparativos para la entrada en vigencia de la ley del lobby en septiembre, organizaciones pro transparencia y las propias autoridades se preguntan si un encuentro de ese tipo podría repetirse sin que se obligue a revelar los temas abordados.

Lo cierto es que reuniones en las que convergen distintos intereses, pero que sus participantes califican de "social" forman parte de la zona gris de la normativa que demoró 10 años en salir del Congreso y que -según sus detractores- pone el peso de la responsabilidad de la información en los sujetos de lobby y no en quienes buscan influir en sus decisiones.

"Se operará bajo la buena fe de las autoridades, en el entendido que estamos construyendo una política de transparencia como país", explicó el presidente de la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados, Romilio Gutiérrez (UDI).

El diputado gremialista sabe de lo que habla. Desde hace semanas trabaja junto al senador Hernán Larraín (UDI), presidente de la misma instancia en el Senado, en la elaboración del reglamento que normará cómo se va a aplicar la ley que regula el lobby en el Congreso Nacional.

El texto de 10 carillas -al que tuvo acceso Reportajes- establece cuándo, cómo y bajo qué criterios los legisladores, principales funcionarios del Parlamento y algunos de sus asesores directos deben hacer públicos sus encuentros y conversaciones con quienes busquen influir en sus decisiones respecto de proyectos de ley o el trabajo legislativo. No sólo eso, también deberán informar acerca de sus viajes y eventuales regalos que reciben en el cumplimiento de sus funciones.

Quienes han manifestado sus críticas a la ley establecen precisamente que la debilidad de la nueva normativa es la falta de fiscalización: en la práctica, recae sobre cada senador y diputado (o su asesor) revelar sus gestiones.

El martes 17, Gutiérrez y Larraín se reunieron para afinar los detalles del reglamento que regirá en el Parlamento. En la antesala de que la denominada ley del lobby entre en vigencia, los distintos poderes del Estado han trabajado -por separado- en la redacción de un documento que será el encargado de guiar a las respectivas autoridades y sus asesores en el cumplimientos de sus nuevas obligaciones.

Las interrogantes -en todo caso- son varias y generales para todo sujeto de lobby. Una práctica habitual, por ejemplo, son las llamadas telefónicas. Si un ministro, un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un parlamentario o cualquier autoridad objeto de lobby recibe un llamado telefónico para entregarle antecedentes de una iniciativa específica o intentar convencerlo de tomar una determinada decisión, no está obligado a registrarlo. Y las posibilidades de fiscalización son -por razones obvias- prácticamente nulas.

Otra duda apunta a cómo deberá reaccionar una autoridad si durante una actividad de carácter social -un matrimonio, por ejemplo- o simplemente mientras se desplaza de un lugar a otro es abordado sobre un proyecto de ley en particular.

Según se señala en los respectivos reglamentos, un encuentro de este tipo debiera registrarse o suspenderse a la espera de una audiencia formal. Sin embargo, no pocos apuntan a la fragilidad de la obligación, ya que -en la práctica- quedará a criterio de la autoridad.

Donde no cabrían dudas es respecto a los regalos y donativos. Obsequios recurrentes como entradas a partidos de fútbol -en especial al Estadio Nacional, cortesía de la ANFP- o acceso a espectáculos culturales deberán ser declarados. La obligación opera a partir de una UTM, es decir, $ 42.178 al cierre de esta edición.

Tras 10 años de tramitación, la nueva normativa obliga a representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo a transparentar sus agendas y ponerlas en un sitio web a disposición de la ciudadanía. La nómina incluye desde parlamentarios y sus asesores a ministros y alcaldes; embajadores y representantes de organismos como el CDE, Servel y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, entre otros, pasando por algunos de sus respectivos asesores directos. En el caso del Poder Judicial, la tarea de redactar el reglamento ha recaído en la Comisión de Transparencia del organismo, que, en todo caso, aún mantiene su documento en elaboración y a la espera de que sea ratificado por el pleno del máximo tribunal.

EL NUEVO ESTANDAR DEL PARLAMENTO

Larraín y Gutiérrez comenzaron a distribuir esta semana entre los parlamentarios el borrador del reglamento por el que deberán regir parte de sus actividades, y que debiera ser ratificado ahora por las salas de la Cámara y el Senado. Además de ello, los miembros de las respectivas comisiones de ética del Congreso, instancias que regularán el cumplimiento de las nuevas obligaciones de los legisladores, resolvieron que el texto será subido a las páginas web de ambas Cámaras entre el 30 de junio y el 18 de julio.

La idea es que durante ese período cualquier ciudadano sugiera modificaciones.

El documento considera como "sujetos pasivos" de lobby a los 38 senadores y 120 diputados, los secretarios generales, los prosecretarios, los asesores legislativos -sean remunerados o no- y los funcionarios de ambas Cámaras que las comisiones de ética consideren integrar.

Tanto parlamentarios como funcionarios dispondrán de cinco días hábiles para declarar sus audiencias con lobbistas (profesionales remunerados que son contratados por un particular para defender sus intereses) o gestores de intereses particulares, como por ejemplo la presidenta de un gremio o una junta de vecinos.

No basta tan sólo con revelar las citas en términos genéricos. El reglamento -que al momento de aprobarse tendrá carácter de obligatorio para los senadores, diputados y funcionarios bajo amenaza de multa en caso de no ser cumplido- establece que se debe individualizar a la persona, organización o entidad a la que se recibió y a quien representan, y si ésta advirtió si sus gestiones son remuneradas o no. A ello se debe incorporar la materia que se abordó y la decisión específica que se pretendía obtener y el lugar, fecha y duración de la audiencia.

La obligación de transparencia no recae sólo respecto de las reuniones que sostienen los parlamentarios o sus asesores: también se extiende a viajes y donativos.

En el caso de los primeros, se debe especificar el destino, objeto, costo total, quién lo financió y la fecha de inicio y término del periplo. Y respecto de los regalos, se deben declarar la categoría de lo aceptado -abonos, bebestibles, artículos de lujo u oficina, entradas para eventos, obras de arte u otros-, además de la fecha y lugar de recepción, la ocasión en que éste fue aceptado y, por cierto, la individualización de la persona, organización o entidad a nombre de quien se entrega el obsequios.

¿Cómo cuantificar el valor de un regalo? Esa es una de las preguntas más recurrentes que han realizado los parlamentarios y sus asesores. La respuesta se hace aún más incierta en caso de que se acepten donaciones en el extranjero.

"Habrá un cambio en el estilo del trabajo legislativo. De eso no hay ninguna duda, y la primera etapa va a ser compleja", advirtió Gutiérrez, sobre cuya comisión recaerá la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento del reglamento y la aplicación de multas en caso de omisiones.

El mismo documento al que accedió Reportajes establece las sanciones a las que se expone un parlamentario, funcionario del Congreso o asesor en caso de no cumplir con sus nuevas obligaciones.

"Se aplicará una multa de 10 a 30 UTM en caso de no informar o no incorporar los datos requeridos para el registro dentro del plazo establecido", se lee en el texto. Esta sanción se endurece hasta con 50 UTM en caso de detectarse que se entregó deliberadamente "información inexacta o falsa". Es decir, un máximo de $ 2.100.000.

En todo caso, el reglamento del Congreso define 11 excepciones que los parlamentarios podrán no incluir en el registro. Estas van desde las declaraciones hechas por un parlamentario en el ejercicio de sus funciones e invitaciones a foros, hasta las asesorías contratadas por los parlamentarios.

LAS QUEJAS DE LA MONEDA

A mediados de junio, la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, anunció que La Moneda enviaría correcciones al texto aprobado durante la administración de Sebastián Piñera, aunque posteriormente explicó que no hay ninguna fecha determinada para esto.

"El Ejecutivo anterior no recogió algunas sugerencias que había que hacer a la ley. Ahora, hay que impulsar modificaciones en este período legislativo, pero vamos a esperar a ver cómo se comporta la ley en la práctica. Los próximos pasos sobre reformas políticas tienen que ver con la ley de partidos políticos y una ley de financiamiento a la política", afirmó Rincón a Reportajes.

"Resulta paradójico, por ejemplo, que los protagonistas de la actividad que se pretende reglamentar no sólo no estén obligados a registrarse, sino que, además, no se les pueda sancionar en caso de que incurran en tráfico de influencias o tengan conflictos de interés", había afirmado con anterioridad la secretaria de Estado.

Rincón aludió en esa oportunidad a la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de inspirarse en el modelo británico y optar por obligar a las autoridades a transparentar sus agendas y sólo generar, tras la realización de las audiencias o reuniones, un registro de lobbistas remunerados y no remunerados.

"Empezar a dificultar o criticar la ley me parece que no corresponde. Todos debemos ayudar a que los reglamentos acojan lo que la ley dice. Después de su aplicación veamos los cambios que se pueden hacer, no antes", señaló, por su parte, el presidente Chile Transparente, Gonzalo Delaveau.

El énfasis en las autoridades o funcionarios potencialmente objeto de lobby no es la única crítica que se hace a la ley. Una de las más recurrentes es que no se obliga -por ejemplo-, en el caso de los representantes de elección popular, a especificar si un lobbista en particular o la empresa que representa aportó en algunas de sus campañas políticas. Asimismo, el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, ha advertido que ese organismo, encargado de sistematizar y publicar los registros de las distintas autoridades, necesita mayores recursos para cumplir su labor.

EL REGLAMENTO DEL GOBIERNO

El lunes 9 de junio, La Moneda despachó a Contraloría el reglamento al que quedarán sujetos ministros, subsecretarios, embajadores, jefes de servicios, directores regionales de los servicios públicos, intendentes, gobernadores y secretarios regionales ministeriales, entre otros.

Según este documento -al que accedió Reportajes-, cualquier persona que solicite una reunión a una de estas autoridades deberá completar un formulario, antes de que se concrete la audiencia, donde se deberá proporcionar sus datos personales (nombre completo y RUT), si pertenece a una organización o persona jurídica, si percibe o no una remuneración por esa cita y las materias específicas que se abordarán. Tras la reunión, el ministro o quien corresponda deberá revelar los antecedentes de la cita.

Tal como en el Parlamento, las autoridades del gobierno central deberán registrar los donativos "singularizados y categorizados" que reciben y sus viajes, especificando destino, costo y quién pagó el periplo.

La normativa, que entrará en funcionamiento en septiembre, también ha supuesto un debate en el ámbito privado, con la salvedad de que son pocos los lobbistas que reconocen públicamente ejercer dicha labor. Otro desafío para la nueva ley.