EL GOBIERNO propondría en marzo al Congreso un cambio de modelo para Televisión Nacional de Chile (TVN), estableciendo un nuevo esquema de financiamiento y de gobierno corporativo. Además de las reformas a TVN, se planteará la creación de un canal cultural, según fue anunciado el 21 de mayo pasado.
TVN enfrentó el año pasado una crisis financiera severa -que no es del todo ajena a la situación general de industria-, concluyendo el ejercicio con pérdidas estimadas de unos $ 20.000 millones. Esto, consecuencia de la caída en el rating, que la situó en cuarto lugar entre los canales de televisión abierta, lo que influyó directamente en sus ventas de publicidad, principal fuente de ingresos, obligando a realizar ajustes en su planta de personal. El canal público, de acuerdo su ley orgánica, debe autofinanciarse y no puede recibir recursos del Estado, lo cual es lógico, tanto porque se desenvuelve en un mercado competitivo, como porque entonces sería susceptible de influencias por parte del gobierno en su programación y línea editorial. Para resguardar estas últimas, la ley contempla un directorio en que seis de sus siete miembros son designados con acuerdo de Senado y gozan de inamovilidad.
El ministro Secretario General de Gobierno ha señalado que el modelo de autofinanciamiento rindió todo lo que puede dar y que corresponde ahora repensarlo, una afirmación que sorprende, porque mientras TVN obtuvo buenos ingresos era un modelo aceptable y cuando ha sido incapaz de generarlos, el modelo ya no sirve. En vez de analizar las razones del retroceso en los resultados del canal, se opta por proponer que sea financiado, al menos en parte, por el Fisco, lo que además de comprometer su independencia, más allá de cualquier propuesta de gobierno corporativo, configura un escenario de trato desleal para los canales privados que compiten en el mismo mercado. Se argumenta que TVN está en situación de desigualdad ante los privados porque no puede recurrir como ellos al financiamiento de su dueño, pero se olvida que ningún inversionista privado estaría dispuesto a subsidiar una empresa deficitaria indefinidamente, sino que a realizar un eventual aporte de capital para salvar una situación compleja, pero siempre contra un proyecto sólido que la revierta. El Estado también puede hacer esto con TVN, aunque requiere de la aprobación de una ley especial, como con cualquiera de sus empresas. En esto, TVN no se diferencia de las demás empresas públicas.
Los cambios se harían mediante indicaciones al “proyecto de ley larga” que fue presentado a fines de 2008 y está paralizado desde agosto de 2010, cuando no existía la crisis actual -con lo que queda en duda los verdaderos motivos para proponerlos- y que busca asegurar en la programación una serie de objetivos, como fomentar la educación y el enriquecimiento cultural, o promover la identidad de cada una de las regiones del país. Con ello se le encarga una tarea ambigua, que no queda claro en qué se distingue de un canal cultural, cuando mantendría a la vez su carácter comercial.
La existencia de un canal cultural, sin publicidad y financiado con fondos públicos, es una idea plausible, pero que exige definiciones claras de su alcance e independencia. Pero de materializarse, no se entiende qué papel cumpliría entonces TVN como canal público; menos aún, qué justificaría que pase a competir con los canales privados apoyado con fondos públicos. Es discutible que TVN exhiba hoy los estándares de objetividad que la ley le exige, aun con un directorio que representa diversas sensibilidades políticas, y no se ve por qué razón ello podría cambiar de aprobarse estas nuevas orientaciones, o aumentando el número de directores. La discusión de esta nueva ley debe ser aprovechada para replantearse completamente el sentido un canal público.
