Una posible investigación penal, un sumario de la Contraloría, revisiones administrativas del gobierno y una serie de cuestionamientos . Ese es el escenario que se generó a partir de las pensiones de los funcionarios de Gendarmería de Chile, donde se conoció que la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), Myriam Olate, se jubiló con$ 5.214.799 por haber tenido una subdirección técnica a su cargo.
Pero no se trata sólo de Myriam Olate. De un total de 207 funcionarios jubilados de la institución entre 2014 y 2016, 187 recibieron pensiones superiores al tope legal (60 UF) y sólo 20 obtuvieron pagos que cumplen con la normativa de la Contraloría. Quien lidera la lista es el ex director de Gendarmería, el coronel Juan Letelier Araneda, quien obtuvo una pensión superior a los $ 5,6 millones.
Esta situación, que repercutió tanto en la opinión pública como en la política, viene haciendo ruido en el sistema público desde hace un mes, cuando el 9 de junio el contralor Jorge Bermúdez dictaminó que las pensiones no podían superar las 60 UF ($ 1.778.000). Su argumento radicó en que la legislación que regula las jubilaciones de los gendarmes estipula que no pueden ser superiores a ese límite, lo que es rechazado por los funcionarios, quienes señalan que su condición previsional es diferente a la del resto.
El origen de las pensiones de los gendarmes fue polémico desde un comienzo. En 1993, estos funcionarios pasaron a formar parte de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), luego de que el Estado asimilara su condición a la de un policía.
De acuerdo al comandante Alberto Figueroa, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería (Anop), el Estado decidió pasarlos a este sistema previsional luego de que en 1990 cuatro gendarmes y un carabinero murieran acribillados a manos de una célula del Movimiento Lautaro que les preparó una emboscada en el Hospital Sótero del Río. "Nuestra adscripción a la Dipreca se dio en razón de que tuvimos cuatro muertos en un procedimiento, por consiguiente, se nos asimila la condición de Carabineros y, por ende, para efectos de previsión y término de carrera nos ceñimos por eso", señaló Figueroa.
La vinculación previsional de la entidad penitenciara a la Dipreca se ha mantenido desde entonces, convirtiéndose en la única institución que pertenece a este sistema previsional, que cuenta con una Escala Unica de Sueldos, la cual fija las remuneraciones por grado.
El contralor fija límite
El 17 de diciembre de 2015 asume como nuevo contralor Jorge Bermúdez. El abogado llega a hacerse cargo de la entidad que vela por la buena administración del servicio público, donde están los pensionados de Gendarmería.
Sin embargo, no es sino hasta fines de marzo que Bermúdez toma conocimiento de que en las unidades de toma de razón de la Contraloría, desde 1993 en adelante, se está aplicando una interpretación que él no comparte. Según su análisis de la ley, quien está pensionado en la Dipreca debiese recibir una jubilación con un tope. Por ello, en abril la Contraloría rechazó 16 pensiones de gendarmes por superar este límite de las 60 UF.
Tras eso, el 6 de mayo el Ministerio de Justicia pidió a Bermúdez, mediante el oficio N° 3017, reconsiderar su criterio de fijar un límite a las jubilaciones objetadas, argumentando que los que se verían más afectados con el tope serían los estamentos más bajos de la entidad penitenciaria.
Pese a que el gobierno intentó poner un freno a la situación, dos meses después la Contraloría oficializó el criterio a través de un dictamen fechado el 9 de junio, causando la molestia de los funcionarios de Gendarmería, quienes reclaman que en su condición laboral no deben estar sujetos a una pensión limitada.
"El contralor, después de 20 años de la aplicación de una norma, vuelve a reinterpretarla, generando este caos", dijo el presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, Joe González.
Luego, el 22 de junio, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Bermúdez explicó que, sin perjuicio del régimen previsional al que está adscrito Gendarmería, existen distintas reglas que se aplican para el cálculo de las pensiones.
Allí expresó que el hecho de que la Contraloría General de la República haya rechazado "por ilegales" pensiones de más de $ 5 millones en Gendarmería de Chile, "demostró que la Contraloría se limitó a cumplir el rol para el cual está mandatada, es decir, resguardar el patrimonio público".
La interpretación de Contraloría podría incluso zanjarse en tribunales, pues las asociaciones de Gendarmería tienen cuatro recursos de protección para evitar que se aplique el tope en las pensiones.
Por su parte, el ente contralor está revisando todos los antecedentes que se manejan para descartar irregularidades en la entrega de jubilaciones, las que, de ser detectadas, serán enviadas a la fiscalía. Con esto, el Ministerio Público podría abrir por oficio una investigación penal.
