La Iglesia católica apoyó hoy el esclarecimiento de las muertes relacionadas con la guerra civil en El Salvador (1980-1992), entre ellas la de monseñor Oscar Romero, pero advirtió que una posible derogación de la Ley de Amnistía puede traer una "situación difícil".

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, admitió que todos estarían deseosos de que se esclarecieran casos como el de Romero, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa.

"Hay que decir que el derogar la Ley de Amnistía y llevar al tribunal todos los casos de la guerra puede no ser conviene en este momento, porque eso significaría posiblemente una situación difícil", explicó el prelado durante una rueda de prensa que concedió tras la misa dominical.

La Ley de Amnistía se aprobó en marzo de 1993, luego de que la Comisión de la Verdad, creada en virtud de los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992, publicó su informe sobre crímenes políticos y de lesa humanidad perpetrados durante la guerra.

Esa ley dejó sin resolver violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno militar y por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, movimiento que se convirtió en partido y ahora está en el poder. La refriega causó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados.

"No sea que nos vayamos para atrás sin querer. Quizás no se restañen las heridas, sino que se abran y volvamos a una situación violenta. Lo necesario es pedir perdón es necesario", señaló Escobar.

DERROGACION
De todos modos, Escobar Alas indicó igualmente que el poder Judicial y la Asamblea Legislativa son "las que tienen que tomar estas decisiones" en esta materia.

"Estoy de acuerdo con el señor Presidente de la República, Mauricio Funes, que decía que es el Poder Judicial y el Legislativo a quienes les toca ver esta situación", sostuvo.

Se refirió así a una declaración formulada el pasado viernes por Funes, quien respaldó que se investigue el caso de Romero y el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, aunque admitió que ese tema no le compete al Ejecutivo.

"Estoy de acuerdo con que se establezca la verdad de un caso tan emblemático como el de monseñor Romero, no solo el de monseñor Romero, también el caso de los sacerdotes jesuitas, pero no es una competencia de este servidor", dijo Funes, al explicar que hay instituciones "facultadas constitucionalmente para hacerlo".

José María Tojeira (en la foto), rector de la Universidad Centroamericana (regida por jesuitas), planteó ayer que la Ley de Amnistía sea reemplazada por una ley de reconciliación que excluya penas de cárcel, ayude a encontrar la verdad, a compensar a las víctimas y a que los autores de delitos puedan pedir perdón públicamente.

Tojeira se pronunció durante la celebración del natalicio de monseñor Romero, que marcó el inicio de las actividades para conmemorar los 30 años de su asesinato.

Según la Comisión de la Verdad, encargada de investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil, este asesinato fue presuntamente ordenado por Roberto D'Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista.