Aunque con explicaciones contrapuestas sobre el porqué, los abogados de los protagonistas del caso cascadas coinciden en que el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, enfrenta una compleja lucha contra el tiempo, para alcanzar a cursar sanciones a quienes les ha formulado cargos a la fecha: Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse y Roberto Guzmán.
Esto, debido a que la SVS tiene que abrir un período probatorio que por ley va de 10 a 30 días hábiles prorrogables por otros 15 días, pero dada la complejidad del proceso creen que esta fase no podría ser inferior a los 30 días hábiles. Este solo plazo ya le dejaría muy poco tiempo para analizar las pruebas y resolver. A lo que agregan que es un hecho que los investigados por supuestos delitos a las leyes de Mercado de Valores y Sociedades Anónimas pedirán la prórroga, por lo que, definitivamente, la posibilidad de sanciones antes de que culmine esta adminis- tración es bajísima, ya que excedería el 11 de marzo.
En el mercado recuerdan que en el caso La Polar -el más comparable abordado en este gobierno-, el período probatorio se decretó por 45 días. A esto se suma que hay procesos colaterales pendientes, como el pronunciamiento de la Contraloría sobre la legalidad del proceso. Precisamente, porque sienten que lo que queda de enero será clave para conocer cómo se jugará Coloma los descuentos de este partido, ni los más locuaces protagonistas de esta disputa quieren hoy opinar en on.
En off, desde el lado de quienes impugnan el actuar de las sociedades cascada -Moneda y las AFP-, afirman que el proceso se ralentizó, producto de las acciones de la defensa de los formalizados, con el propósito de que la sanción sea resuelta por el gobierno de Bachelet. Como botón de muestra dicen que "no por nada presentaron una lista de más de 100 testigos". También hacen hincapié en que los abogados de Ponce y Motta, "desafiaron a la SVS, al negarse a ser ellos quienes presenten la prueba". Todo, con la esperanza de que eventuales sanciones que hoy podrían involucrar delitos penales, reduzcan sus implicancias al ámbito civil con otro regulador.
En la cancha de quienes deben defenderse de los cargos, uno de los defensores arguye que "la SVS debe atender todas y cada una de las peticiones que le formulen los particulares formalizados, pero que lejos de eso las ha rechazado. Así es que insinuar siquiera que las presentaciones que hemos hecho atrasaron la resolución del caso es un infundio". Aquí hacen hincapié en que las presentaciones relacionadas con la rendición de la prueba se hicieron a comienzos de diciembre, pero el regulador aún no resuelve el término probatorio. Otro de los profesionales comentó que si a alguien le molesta que quieran llevar muchos testigos, es su problema.
Uno de sus colegas destacó que el proceso partió con un fuerte impulso, pero que esa intensidad ha ido disminuyendo: "Al principio, la SVS resolvía cada presentación al día siguiente y ahora se está tomando varias semanas. Algo cambió; si hubieran querido resolver, en diciembre los tiempos daban".
Los abogados del lado de las cascadas insisten en que es la SVS la que tiene que probar los hechos por los que formuló cargos. Lo que no quita que ellos también tengan que acreditar ciertos hechos, pero que otra cosa es que quiera dar vuelta el peso de la prueba.
Advierten que en todas las instancias -civiles, penales o arbitrales-, la rendición de la prueba se demora, porque la interrogación de testigos toma su tiempo. Además, dicen que la SVS tiene recursos limitados. Y que formulada la prueba viene la etapa de las observaciones, analizar la prueba rendida y sacar conclusiones. Y para un caso en que la autoridad investigó durante un año y medio, estiman que el análisis será concienzudo, para dar paso a una resolución razonable y ajustada a derecho.
Plantean que otro indicio de que algo cambió en la intensidad del caso por parte del regulador es que "las nuevas formulaciones de cargos -sobre las que la propia SVS alentó especulaciones- aún no se producen, transcurridos cuatro meses de que estallara el caso cascadas". Sin embargo, un abogado de la otra vereda advierte que no se puede descartar que la superintendencia realice nuevas formulaciones, antes del cambio de gobierno, a directores, corredoras y sociedades relacionadas.
