En la madrugada del martes 24 de noviembre del año pasado, la producción de energía eólica en España -el país que quizás más lejos ha llevado este tipo de energía en el mundo- alcanzó su peak: el 43% de la demanda fue cubierta por ese tipo de energía; tres días después, a las 16.22 horas, apenas el 1,15% del consumo total provenía de esa fuente.
Las cifras, citadas por Andrea Rudnick y el consultor energético Hugh Rudnick en un artículo en el último número de la Revista Universitaria PUC, dan cuenta de uno de los principales problemas de la energía eólica: su gran variabilidad.
Mientras Europa se ha lanzado al desarrollo de energías renovables con el objeto de cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de Kioto, dicha apuesta ha generado también dolores de cabezas a los gobiernos de ese continente. Y el caso de España ha sido el más emblemático.
LA EXPERIENCIA HISPANA
En 2004 la Península Ibérica creó un esquema de subsidios para el viento: las instalaciones eólicas de más de 10 MW podían recibir un incentivo del 50% sobre el precio del mercado de la energía. Los incentivos fueron tales que, en 2008, la potencia instalada eólica tuvo un crecimiento neto de 1.739 MW (tres centrales Ralco), mientras las energías renovables llegaron a equivaler a un tercio de toda la capacidad instalada del país.
Rudnick dice que las centrales renovables en España han implicado "mayores costos al consumidor final, que hoy debe pagar cerca de un 10% más por la energía eléctrica" para financiar los incentivos.
Cálculos de Gabriel Calzada, profesor de economía de la Universidad Rey Juan Carlos, indican que España gastó US$ 3.700 millones en 2007 en su programa de energía eólica. Este creó 50 mil empleos instalando turbinas, con un subsidio anual por trabajador de US$ 73 mil. "Pero los problemas económicos españoles han puesto en riesgo los trabajos que quedan, que hoy ascienden a 40 mil", señala un reciente artículo del Investor's Bussines Daily. Y los recientes precios de la energía "forzaron a otros negocios a cortar 2,2 empleos por cada 'empleo verde' creado", dice Calzada.
España no es el único caso. En el Reino Unido, las políticas contra el calentamiento global significarán para el sector industrial un alza de 55% en el costo de la energía entre 2001 y 2020, según admitió el propio gobierno.
LA OTRA CARA DE LA MEDALLA
El ex secretario ejecutivo de la CNE y socio de Synex, Sebastián Berstein, advierte que si bien en este momento la obligación de tener parques eólicos es más cara, "gran parte del mayor costo que tiene empieza a desaparecer si se establecen restricciones a la producción en base a centrales de carbón". En Alemania y España, añade, comenzó una carrera por instalar parques eólicos para promover la industria. Pero, a su juicio, en España "se les pasó la mano con los subsidios y eso llevó, según algunos artículos, a instalar parques sólo por ganar los incentivos". Con todo, Berstein distingue que esa política de subsidios, cuyo costo pagó el consumidor, "a lo mejor a largo plazo en parte se va a pagar... Quizá los países que hicieron ese esfuerzo van a estar en mejores condiciones de cumplir con nuevas metas de reducción de emisiones".
Chile no se ha quedado atrás en la formulación de políticas para incentivar las energías renovables: hacia el 2010 éstas deberán representar el 5% de los contratos de suministro, mientras el 2024 deberán subir a 10%. "Si bien la ley no define subsidios específicos a estas energías, en la práctica implica mayores costos al consumidor final, al obligar a incorporar tecnologías más caras a la matriz, algo inconveniente para un país en desarrollo como Chile", concluye Rudnick. Un estudio de Alexander Galetovic y Cristián Muñoz calculó en US$ 400 millones el costo anual de la medida, lo que implicará un aumento de 3% en el valor total de las cuentas de los chilenos en el SIC.
