El turbulento aterrizaje de Bachelet

Tras 21 días de vacaciones, este lunes a las 7.30 está programado que la Presidenta Michelle Bachelet llegue hasta el frontis de La Moneda para recibir los honores de la guardia de Palacio. Tras esto, la Mandataria subirá hasta su oficina para reiniciar de manera oficial a sus funciones de gobierno.

Ayer, cerca de las 11.00 Bachelet aterrizó en el Grupo 10 de la Fach acompañada de su madre, Ángela Jeria, luego de pasar 18 días en su casa en el lago Caburgua, en la Región de la Araucanía. Pese a que la Mandataria ya se encuentra en Santiago fuentes de Palacio aseguraron ayer que no tenía previsto realizar actividades públicas durante este fin de semana.

La llegada de Bachelet a la capital se da en medio de la polémica por el denominado caso Caval en el que se encuentra involucrado su hijo Sebastián Dávalos y que el viernes 13 de febrero, tras una serie de presiones, lo llevó a renunciar a su cargo como director sociocultural de La Moneda. Esto, luego de que se hiciera público un negocio realizado por la empresa de propiedad de la esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, por la compra y posterior venta millonaria de unos terrenos en Machalí a través de un préstamo otorgado por el Banco de Chile.

Tras conocer estos antecedentes, la apuesta del gobierno era que, tras la renuncia del hijo de la Mandataria a su cargo público, se cerraría el capítulo y este caso pasaría a ser un tema exclusivamente entre privados, intentando así desvincular a la Presidenta de la polémica.

Pero la decisión del Ministerio Público de iniciar una investigación de este caso tras un requerimiento presentado por Renovación Nacional frustró la estrategia de Palacio y abrió un nuevo flanco en el gobierno.

Esto, ya que una de las primeras diligencias solicitadas por el fiscal a cargo de la investigación, Luis Toledo, fue incautar documentos desde las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Sexta Región, así como también el disco de almacenamiento de la red del Ministerio de Vivienda en Santiago.

A esto se suma la decisión de la fiscalía de citar a declarar a Dávalos y su mujer durante esta investigación, situación que vuelve a afectar directamente a Bachelet.

Bajo este escenario es que tanto desde el oficialismo como la oposición ha crecido la presión para que la Mandataria aborde públicamente este tema cuanto antes. Una de las fórmulas que hasta ayer manejaban en La Moneda es que la Presidenta se refiera a esta polémica a inicios de la semana, para así poder dar inicio a su agenda de actividades programada para su regreso e intentar dejar atrás el conflicto.

Y es que uno de los temores principales que existen en el gobierno es que esta polémica opaque la realización del encuentro de ONU Mujeres programado para este viernes y sábado en Santiago, foro que es considerado como la actividad a nivel internacional más importante del año para La Moneda.

En Palacio, si bien tienen la certeza que Dávalos no cometió alguna ilegalidad en el caso Caval, y por lo tanto la investigación de la fiscalía no debería desembocar en nada complejo, sí reconocen el daño político-comunicacional que esto ha provocado a la imagen de la Presidenta.

Pero el conflicto de su hijo no es el único problema judicial que deberá hacer frente el gobierno de Bachelet. Esto, producto de la denominada arista Soquimich del caso Penta, donde han comenzado a ser investigados cercanos a personeros de la Nueva Mayoría ante posibles irregularidades en financiamientos de campañas.

En el oficialismo comentan que al ampliar la investigación de SQM podrían comenzar a salir más nombres ligados al bloque oficialista, lo que eventualmente pondría al conglomerado en una situación similar a la que enfrenta hoy la UDI producto de la investigación del caso Penta.

A esto se suma la polémica decisión del Ministerio Público de trasladar la investigación de la arista SQM desde la fiscalía oriente liderada por Carlos Gajardo, a la unidad dirigida por Andrés Montes, hijo del senador socialista Carlos Montes, situación que despertó transversales críticas y presiones para que el persecutor se inhabilite por su vínculo familiar.

Así, tanto desde partidos de gobierno como oposición han planteado que aumentará cada vez más la presión de buscar algún tipo de acuerdo o salida política para enfrentar en conjunto estas irregularidades.

Para primera hora del lunes, la Presidenta tiene programado reunirse con su equipo de colaboradores más cercanos además de los ministros políticos del gabinete para tomar las últimas definiciones respecto de cuál será las prioridades legislativas que tendrá el Ejecutivo durante estos primeros meses.

Más allá de los proyectos que comenzarán a ser ingresados a tramitación, en el gobierno saben que existen iniciativas que al ser revisadas en la Cámara y el Senado volverán a tensionar la relación de los siete partidos integrantes de la Nueva Mayoría.

Uno de esos es la iniciativa que busca despenalizar el aborto en tres causales presentada por la Presidenta Bachelet el 31 de enero pasado y donde la Democracia Cristiana ya ha adelantado una serie de reparos que complicarán el despacho completo de este proyecto.

A esto se suma uno de los principales pendientes del gobierno: la definición del mecanismo con que se redactará una nueva Constitución. Al igual que la realización de una reforma tributaria y educacional, el cambio a la Carta Fundamental es parte del programa de gobierno y uno de los compromisos más importantes adquiridos por Bachelet durante la campaña presidencial de 2013.

Pese a que en un primer momento se aseguró que este debate se iniciaría durante el primer año de gobierno, fue la propia Mandataria quien públicamente declaró que este proceso se concretaría finalmente en 2015, generando críticas especialmente por parte del mundo social, quienes ya han adelantado que exigirán el cumplimiento de este compromiso a inicios de este año.

Intensa agenda local e internacional

Durante parte de enero y febrero, el equipo del segundo piso de La Moneda ha diseñado la agenda de actividades que desarrollará la Presidenta. Así una de sus primeras apariciones públicas será para participar de la entrega del bono marzo, iniciativa emblemática de su segundo periodo de gobierno. Junto a esto, esta previsto que el 9 de marzo Bachelet promulgue la ley que crea el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, en Palacio aseguran que el encuentro de ONU Mujeres es considerado como uno de los más importantes del año para la Presidenta. Es así como, además del Sernam y la Cancillería, el equipo de Presidencia ha monitoreado de cerca el desarrollo de la organización de este evento.

Para el 1 de marzo, en tanto, está programada la participación de la Mandataria en el cambio de mando del Presidente José Mujica en Uruguay. Esta será la primera salida internacional de Bachelet tras su regreso de vacaciones. Luego de esto, la Presidenta tiene confirmada su presencia en la Cumbre de Las Américas, la que se realizará en Panamá el 10 y 11 de abril y que estará marcada por el encuentro entre Raúl Castro y Barack Obama.

Tramitación de proyectos de ley

Para inicios de esta semana la Presidenta tiene programado reunirse con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, además de su equipo de asesores más cercanos. El objetivo de este encuentro es definir los proyectos del Ejecutivo que serán ingresados a tramitación durante marzo y abril. Una de las principales definiciones que permanece pendiente aún es el orden en que ingresarán los proyectos de ley que son parte de la Reforma Educacional.

En paralelo a la elección de estas iniciativas, en el gobierno también están preocupados en la forma en que se desarrollará la discusión de proyectos que ya fueron ingresados. Es el caso del mensaje presidencial que busca despenalizar el aborto en tres causales o la tramitación de la agenda laboral, la que de acuerdo a fuentes del Ejecutivo esperan que sea despachada de la Cámara antes del 21 de mayo. Otro de los proyectos donde el gobierno pondrá prioridad es en la discusión de la iniciativa que promueve la elección directa de intendentes, la que debe ser promulgada dentro del primer semestre para poder ser aplicada durante las elecciones de 2017 y así cumplir el compromiso de campaña.