Cuando ocurrió, todos pensaron que la teniente de Carabineros Jessica Sepúlveda volvería a Chile a afrontar las consecuencias. Al menos, eso fue lo que se anunció después de la noche de Año Nuevo recién pasada. La uniformada, enviada por el gobierno chileno en calidad de observadora de una misión de la ONU, había accedido a bailar con guerrilleros de las Farc en una fiesta organizada por ellos en su campamento de reagrupamiento, en el sector de Conejo, La Guajira, al norte de Colombia, muy cerca del mar Caribe.
Y eso detonó todo tipo de reacciones.
Fueron cuatro los observadores, incluido el supervisor del grupo, los acusados de bailar con miembros de las Farc esa noche, grupo en el que se encontraba Sepúlveda. En el video, que levantó olas en el país cafetero, se ve por un breve lapso a algunos miembros de la misión bailando una suerte de vallenato. Aunque Sepúlveda no es reconocible, sí lo son los chalecos de la ONU. Los cuestionamientos sobre la imparcialidad de los observadores no tardaron en llegar y los encabezó el Centro Democrático, el partido del ex Presidente de Colombia Alvaro Uribe.
La Misión de la ONU en Colombia lanzó un corto comunicado el 2 de enero, un día después de que el video trascendiera. Y decía: "Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la misión. La Misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que correspondan. La Misión de la ONU en Colombia reitera a la opinión pública su total compromiso con una verificación objetiva y rigurosa del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas".
La investigación de la ONU no demoró demasiado. El 5 de enero, en otro breve comunicado, decía: "Concluidas las investigaciones sobre las circunstancias en las cuales observadores de la ONU participaron en el festejo del 31 de diciembre del 2016 en un Punto de Preagrupamiento Temporal de las Farc-EP, la Misión de la ONU en Colombia ha tomado la decisión de separar de su servicio a tres observadores presentes en la ocasión y a su supervisor directo".
Además de ser separados de sus cargos, los observadores fueron repatriados a sus países. Eso ocurrió en los casos de los coroneles Pablo Palma (Portugal), Luis Meléndez (El Salvador) y el mayor Fabián Casco (Paraguay). Meléndez era el jefe de la misión.
La teniente Jessica Sepúlveda, por su lado, rechazó la decisión de la ONU. Y decidió quedarse en Colombia, en el cuartel general de la ONU, a la espera del fin de una segunda investigación.
Fuentes de gobierno dicen que el argumento de Sepúlveda se basa en que la invitación hecha por las Farc fue aprobada por el jefe de su misión, que el día del evento mismo no se encontraron con ninguna situación que informar y que, además, una vez en la fiesta, donde estaban las Farc y sus familiares (había comida típica, además de bailes de la zona), la invitación a bailar fue rechazada por los observadores ONU en primera instancia. Luego de que los representantes de las Farc insistieran, para no ser descortés con sus huéspedes, el jefe del equipo accedió a que los observadores se sumaran al baile. Es por eso que la teniente alega que acató una orden y que ese acto no pude considerarse como una insubordinación.
Sepúlveda, además, argumenta que no hubo un debido proceso, versión que respalda el Estado de Chile. Luis Vargas, el jefe regional de la ONU en Valledupar, estuvo a cargo de la investigación que terminó con el resto de los observadores de regreso en sus países. A pesar de que el Ministerio de Defensa inicialmente respaldó la decisión de la ONU a través de un comunicado del Estado Mayor Conjunto: "Por no cumplir con la imparcialidad, integridad y tacto que los integrantes de la Misión Política Especial en Colombia deben sostener", con el pasar de los días dio un giro, empezando a respaldar a la teniente Sepúlveda.
Fuentes de gobierno dicen que no hubo comparecencia de los afectados, lo que va en contra de las normas de las mismas Naciones Unidas. Para hacer valer este punto, en las últimas semanas se han enviado dos cartas a la misión diplomática de la ONU en Colombia, acusando faltas al debido proceso: una de la embajada de Chile en Colombia, liderada por Ricardo Navarrete, y la otra de Cristián Barros, el representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas.
En Carabineros aún no hay una versión oficial, ya que están esperando el fin de la investigación que realiza la ONU y que está monitoreando el Estado Mayor Conjunto, a cargo del Ministerio de Defensa. Solo cuando la teniente Sepúlveda regrese al país se evaluará iniciar una investigación propia. Aunque -en privado- las más altas autoridades aseguran que la carabinera no será sancionada de manera extra.
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Hasta el momento, la ONU ha respaldado la investigación inicial que terminó con los cuatro observadores separados de sus cargos. "Existe un código de disciplina y conducta", dice Carolina Azevedo, vocera y jefa de comunicaciones de la ONU en Colombia. "Además, todos los observadores y civiles participan de una capacitación seria y rigurosa de medio mes antes de integrarse a la misión y empezar con sus labores". Azevedo dice que la misma metodología se utiliza en la sede en Bogotá, además de las ocho sedes regionales y en las sedes locales del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación.
A eso se sumó que el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano envío una carta a Jeffrey Feltman, secretario general para asuntos políticos de las Naciones Unidas, rechazando el comportamiento de los miembros de la Misión de la ONU en Colombia en campamentos guerrilleros.
En el documento, firmado por la embajadora de Colombia ante la ONU, María Emma Mejía, se expresa preocupación por el actuar de algunos delegados encargados de monitorear el comportamiento de los guerrilleros en los puntos de reagrupamiento y se pide que situaciones como esa no vuelvan a ocurrir. "Este tipo de comportamiento desvirtúa el profesionalismo y neutralidad que debe caracterizar, en todo momento, al equipo que hace parte del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, en cumplimiento del mandato de la misión encomendada por el Consejo de Seguridad", se lee en el texto.
Desde el Centro Democrático, el partido fundado por el ex Presidente Alvaro Uribe, las críticas fueron duras: "Es una vergüenza eso que pasó", dijo la congresista Fernanda Cabal. "La ONU debe demostrar que hace su papel con seriedad y no estar participando en parrandas navideñas. La ONU es una empresa burocrática internacional que no tiene sentido".
El vallenato de la teniente Sepúlveda y sus compañeros dejó un debate abierto en Colombia. Un día después de la resolución ONU de separar de sus cargos a los observadores, el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, alias "Timoshenko", escribió en su cuenta de Twitter: "Qué dirá la ultraderecha: a verificadores de la ONU les faltó objetividad, debían quedarse en medio del barrial y no aceptar ayuda de Farc". El texto iba acompañado de un video de miembros de las Farc ayudando a observadores ONU a sacar un jeep del barro.
El presidente de la Junta de Acción Comunal de Conejo, Carlos Julio Chincha, afirmó que el proceso de paz es visto como una bendición en su zona y rechazó la polémica que se generó por el baile de fin de año en el que estuvieron algunos miembros de la ONU, según contó al diario colombiano El Heraldo: "Hemos sido testigos cómo algunos sectores se han opuesto a la paz y emplean la mentira y el escándalo para acabar con esta esperanza", dijo Chincha. "Pero desde este territorio alegre les decimos que esto nos duele, porque es algo que nos ha cambiado la vida para bien".
Ya ha pasado un mes desde la fiesta en Conejo. Y la sensación que queda, según Augusto Reyes, consultor político de Poder y Poder, es esta: "El conocimiento de lo que está sucediendo en las zonas de concentración en la opinión pública es excesivamente bajo. Anteayer vino Hollande, el Presidente de Francia, y puso nuevamente el foco en las zonas de concentración, pero es poco lo que se conoce sobre lo que sucede ahí, entonces no existe una percepción de si los observadores son más pro Farc o pro gobierno".
Jorge Restrepo, analista político y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, difiere de la visión de Reyes. "La percepción pública se vio fuertemente afectada por el comportamiento de quienes estuvieron bailando. Afectó en el sentido de la concepción de neutralidad de los observadores. Sin embargo, creo que la rapidez en la respuesta por parte de las Naciones Unidas sirvió para recuperar el mensaje de que ese no puede ser el patrón de comportamiento. Tiempo atrás, más que los observadores, las Naciones Unidas han sido vistas por el Centro Democrático y la derecha en Colombia como demasiado cercanas a los grupos guerrilleros. Eso se mantiene, pero no tanto con los observadores, es más en general con las Naciones Unidas, algo que tiene que tener muy en cuenta para no afectar la independencia de la organización".
Lejos de todas las discusiones, la teniente Jessica Sepúlveda espera la decisión final. De momento, ha dado dura pelea para defender sus acciones esa noche de Año Nuevo de 2016.
