El Vaticano e Italia firmaron este miércoles su primer acuerdo de colaboración contra la evasión fiscal que prevé gravar las ganancias financieras de las instituciones religiosas que hayan depositado fondos en la banca vaticana, anunció la Santa Sede.
La convención fue suscrita por el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados, y por el ministro de Economía italiano, Pier Carlo Padoan.
"La convención permitirá la plena aplicación, con modalidades simplificadas, de las obligaciones fiscales" de "algunas personas físicas y jurídicas con residencia fiscal en Italia", precisa el comunicado.
El mes pasado, en el semanario L'Espresso, el primer ministro Matteo Renzi indicó que Italia espera "recuperar un poco de dinero del Vaticano" negociando con este Estado un acuerdo basado en los firmados recientemente con Suiza, Mónaco y Liechtenstein para combatir la evasión fiscal.
El portavoz adjunto del servicio de prensa del Vaticano, Ciro Benedettini, señaló que la principal novedad es que las ganancias financieras de las instituciones religiosas que hayan depositado fondos en el banco del Vaticano, el IOR, serán gravadas.
Un representante del IOR explicó a la agencia especializada I.MEDIA que los afectados por el acuerdo son los 4.500 clientes institucionales (congregaciones religiosas, diócesis, asociaciones, etc) que han confiado la gestión de su patrimonio al Instituto para las Obras de Religión.
Las sumas en juego son importantes, ya que las congregaciones religiosas, con sede en la capital italiana, hacen transitar por el Vaticano numerosos haberes vinculados a sus actividades por el mundo entero.
En cambio, no se ven afectados los bienes inmobiliarios de la Santa Sede en Italia, protegidos por los acuerdos de Latrán de 1929 suscritos entre el gobierno de Roma y el Vaticano. Dichos bienes seguirán exentos.
Igualmente seguirán exentos de pagar impuestos en Italia los "dignatarios, empleados y asalariados" del Estado Vaticano.
La convención, que incluye las últimas recomendaciones en materia de transparencia de la OCDE, estipula que el intercambio de informaciones fiscales es retroactivo, por lo que concierne el período de imposición a contar a partir de enero de 2009.
