La preocupación por el "alto nivel de judicialización" que enfrentan los proyectos energéticos en Chile fue uno de los principales temas que abordaron la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y representantes de los mayores grupos energéticos internacionales que operan en el país, en el marco de la IV Cumbre Empresarial Celac-UE.
"Vivimos una judicialización de proyectos emblemáticos (...). Hay abogados que se han especializado en este tipo de litigios. Sin desconocer que pueden haber proyectos que requieren ser revisados, la verdad es que es una industria que se ha formado, y que son los mismos que van proyecto por proyecto para generar en la población, en los alcaldes, un problema con proyectos que ya están aprobados", dijo la personera.
Benítez indicó que una posible solución a este problema será el funcionamiento de los tribunales ambientales, que comenzaron a operar en Santiago a fines de diciembre: "La Corte Suprema había ocupado un espacio para resolver temas ambientales mediante el recurso de protección, porque existía un vacío en materia de justicia ambiental. Ese vacío ahora no existiría, ya que los tribunales ambientales son especializados, y fueron aprobados en el Congreso, con un amplio consenso y voluntad política", dijo.
Borja Prado, presidente de Endesa España -que en Chile controla el holding eléctrico Enersis-, señaló que dadas las necesidades energéticas del país, es necesario acelerar la concreción de proyectos: "Creo que la judicialización está en un grado alto, que entorpece llevar proyectos adelante. Hay que mejorar y entender que las necesidades energéticas son grandes, porque el país crece y hay que acelerar los procesos. Chile es un gran país para invertir, pero tenemos que mejorar estas situaciones, y veo voluntad política para solucionar los temas", dijo Prado.
Expresó que la situación por la que atraviesa el proyecto HidroAysén -ante la demora del Comité de Ministros en revisar las reclamaciones- se debe a su complejidad: "Hemos invertido mucho dinero en HidroAysén, pero es un proyecto que tiene que sufrir sus pasos por el gobierno, y después estudiaremos si es rentable o no. Yo no soy gobernante, pero me parece que la decisión (del Comité de Ministros) no es fácil. Hay una demora, pero el proyecto es tremendamente delicado, porque ha tenido muchas controversias locales, y creo que el gobierno está siendo prudente", dijo.
El director general de Acciona Energía, Rafael Mateo, señaló: "Está a la vista que los proyectos están judicializados. Los proyectos energéticos hay que analizarlos desde el punto de vista técnico y ambiental. Lo que no procede es analizarlos desde el punto de vista judicial, cuando tecnológica y ambientalmente están cumpliendo".
Gerard Mestrallet, CEO de GDF Suez -controladora en Chile de E-CL- opinó que el gran desafío de la industria es encontrar nuevas fuentes de energía (principalmente energías renovables no convencionales), que permitan un desarrollo económico sostenible.
Indicó además que para el desarrollo de proyectos, las empresas deben considerar también a la opinión pública y las comunidades en que estos están insertos: "La aceptación pública también es un desafío. Todos estamos demandando las energías más económicas, y eso no está en un vacío".