El diagnóstico es claro. "El próximo período presidencial será el más complejo que hayamos tenido en materia energética en mucho tiempo", asegura Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, que agrupa a las distribuidoras del país.

Indica que los próximos cuatro años serán críticos por la falta de proyectos de generación que sean capaces de cubrir la demanda. Además, el sector enfrenta la judicialización de los proyectos y demoras en las líneas de transmisión. Explica que todo esto redundará en que las próximas autoridades deberán enfrentar aumentos en las tarifas eléctricas de los clientes regulados, porque estos problemas tienen efectos en los precios.

En las primeras licitaciones de suministro eléctrico realizadas en la década pasada -que vencen en 2015 y 2016-, las distribuidoras consiguieron contratos de largo plazo en torno a los US$ 70 por MWh. Hoy esos estarían cerca de US$ 140 por MWh.

Rodrigo Castillo explica que este y otros temas -como ordenamiento territorial, compensaciones a las comunidades, rol del Estado en materia energética- serán tocados el 6 de junio por primera vez por los candidatos en el foro "Energía Presidencial". Esa iniciativa la impulsa Escenarios Energéticos.

La Asociación de Distribuidoras explica que a ese evento asistirán los precandidatos. Para ello, ya han tenido reuniones de trabajo con los equipos técnicos de los comandos de Michelle Bachelet (PS), José Antonio Gómez (PRSD), Claudio Orrego (PDC) y Andrés Velasco (Independiente), Pablo Longueira (UDI) y Andrés Allamand (RN).

"A partir de 2015-2016 el riesgo que los contratos sean reemplazados por otros más caros tendrán un impacto significativo en las cuentas de los clientes, y les vamos a preguntar a los candidatos cuál será su visión respecto del aumento de tarifas, cómo proyectan el que Chile debería destrabar los motivos por lo que ocurre, y si estarían de acuerdo en modificar el actual sistema de subsidios, que es muy malo", dijo.

Castillo señala que la situación de estrechez que vive el sistema, donde según un informe del CDEC-SIC la salida de una central de gran tamaño podría llevar a un déficit de energía en junio y julio, se arrastra por varios años, y que de no haber soluciones, el tema sólo empeoraría en los próximos años.

"El sistema lleva años funcionando con niveles de fragilidad muy relevantes. La mayor parte de las centrales de respaldo a diésel está funcionando, por lo tanto quedamos expuestos. Hoy, la capacidad instalada del sistema no está completa a disposición del sistema, eso afecta los precios y genera un mayor nivel de fragilidad. Si sale alguna central importante del sistema, efectivamente nos vamos a encontrar con una situación de déficit de energía. Hoy estamos demorando las mantenciones y apostando que eso no va a generar riesgos de falla. Si cae alguna central grande, puede existir el riesgo de tener que dejar sin energía eléctrica a una zona del país", dice.

Castillo reconoce que durante la actual administración se ha avanzado en mejorar el transporte de energía, con los proyectos de concesiones y servidumbres y la carretera eléctrica, ambos en el Parlamento. Sin embargo, sostiene que el último discurso presidencial del 21 de ayo pasado no se hizo cargo del todo de la profundidad del problema y de las tareas pendientes.

"El Presidente fue realista en su discurso, pero esperábamos una mención algo más directa respecto de la gravedad y la importancia del tema", concluyó.