Los jueces de la Corte Superior de Ontario eliminaron el martes, de manera efectiva, las previsiones clave de una ley antiprostitución al afirmar que ponía en peligro a las trabajadoras del sexo.

Este había sido el argumento de tres prostitutas que, en octubre de 2009, habían planteado el recurso contra la ley, alegando que ésta las obligaba a buscar a sus clientes en la calle, exponiéndolas a graves riesgos.

Al conocerse el fallo, una de ellas lo describió como una emancipación para las trabajadoras sexuales.

La decisión judicial podría entrar en vigor en 30 días.

Sin embargo, el gobierno federal declaró que apelará el fallo, que de momento sólo afecta a la provincia de Ontario, pero que si fuera ratificado por la Corte Superior, sería efectivo en todo el país.

ANTICONSTITUCIONAL
En el fallo, de 131 páginas, la jueza Susan Himel argumentó que las leyes nacionales que prohíben los prostíbulos o el manejo de trabajadores sexuales, violan una disposición de la constitución que garantiza "el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad".

La jueza instó al parlamento canadiense a regular el comercio sexual en vez de prohibir su práctica.

Pero quienes apoyan la derrocada ley temen que su eliminación haga de Canadá un paraíso para el tráfico humano.

El ministro de Justicia canadiense, Rob Nicholson, dijo que el gobierno "seguirá luchando para garantizar que el derecho penal siga ocupándose de los daños significativos que se derivan de la prostitución".

La polémica por legalizar los prostíbulos en aquellos países donde son ilegales no es nueva.

En marzo de este año, en Francia, una propuesta de una parlamentaria de permitir la reapertura de los burdeles en el país, prohibidos poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, provocó acalorados debates, según reportó desde París Daniela Fernandes, corresponsal de la BBC.

De acuerdo con una investigación del instituto CSA llevada a cabo para el periódico Le Parisien, un 59% de los franceses estaba en favor de la reapertura de los burdeles.