Los ministros bolivianos de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Transparencia, Nardi Suxo, y el embajador ante la ONU, Sacha Llorenti, negaron este miércoles tener vínculos con la red de funcionarios gubernamentales acusados de extorsionar a reclusos, al comparecer ante los fiscales que investigan el caso.

El primero en declarar ante los fiscales en la ciudad oriental de Santa Cruz fue Llorenti, que fue ministro de Gobierno entre 2010 y 2011 y negó estar al tanto de las acciones de la red conformada por exfuncionarios de esa institución y algunos fiscales ya detenidos en el penal cruceño de Palmasola.

Llorenti, que declaró por más de cinco horas, afirmó que durante su gestión no hubo "ninguna denuncia de corrupción o de extorsión" en contra de la red de funcionarios supuestamente liderados por el exasesor del ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío.

"Ellos han tenido responsabilidades que se les ha otorgado porque yo siempre los he visto como personas responsables y abogados competentes para llevar adelante las tareas que tenían de representar legalmente al ministerio", dijo Llorenti a los medios, según la agencia estatal ABI.

Quintana, que fue el siguiente en declarar, rechazó todo vínculo con los funcionarios implicados en el caso, a quienes, según dijo, "se los tiene que investigar como se ha dicho, caiga quien caiga, y que les caiga todo el peso de la ley como corresponde".

La última en declarar fue Suxo, que negó haber protegido a los funcionarios acusados de extorsionar a los reos.

La investigación estalló por una denuncia de los abogados del empresario estadounidense, Jacob Ostreicher, de que la supuesta red de corrupción le pidió 50.000 dólares a cambio de su libertad.

Ostreicher fue liberado la semana pasada tras un año y medio preso por supuesto blanqueo de capitales en un caso relacionado con narcotráfico, cargos que él niega.

Quintana, Suxo y el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, ya comparecieron por este caso entre la noche del viernes y la madrugada del sábado ante el Parlamento boliviano, dominado por el oficialismo, que aprobó el informe presentado por estas autoridades.

La oposición ha expresado su preocupación porque considera que los ministros minimizan el efecto de la red y otras posibles conexiones dentro del Gobierno.