El fiscal Emiliano Arias, a cargo del caso Corpesca, explica que se han configurado tres hechos que llevaron a abrir nuevas aristas de investigación, las que podrían involucrar a otras empresas -además de la del grupo Angelini- en casos de financiamiento irregular a la política.

El primero, una serie de correos electrónicos entre representantes de la industria pesquera que dan cuenta de una coordinación para ejercer lobby sobre parlamentarios durante la tramitación de la ley.  En segundo lugar, el hecho de que casi todas las empresas vinculadas a asociaciones del norte, centro y sur del país han realizado ante el SII rectificatorias de impuestos no pagados en 2012, año en que se tramitó la modificación legal.

Y tercero: además del caso Corpesca, donde según la fiscalía estarían acreditados incentivos pecuniarios a algunos parlamentarios, como el senador Jaime Orpis, se requiere indagar el alcance de los pagos recibidos por el hoy diputado Iván Fuentes de pesqueras de Coyhaique, algunos de los cuales fueron gestionados por el senador Patricio Walker.

El fiscal confirma  que se están indagando a las pesqueras que operan en la  región del Biobío, cuya mayoría se asocia en Asipes. Y pese a que los indicios de posibles irregularidades se encuentran bajo reserva, aquí explica los alcances de la nueva arista.

“Sin decir que los hechos investigados son delito, dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en  que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reforma, se ven en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses”.

Pero eso no es un ilícito, salvo que haya habido cohecho.

Esto  no es ilícito desde el punto de vista económico. Si una ley los va a  afectar, las empresas de ese sector hacen lobby y ejercen presión en los parlamentarios de su zona, o de la comisión respectiva con el objeto de que salga la nueva ley favorable a sus intereses.

¿Se trata de una investigación a otras pesqueras?

Los hechos investigados en Corpesca no delimitan la investigación no formalizada, ni respecto de empresas ni respecto de personas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo  es que, tras haber cumplido un hito bastante trascendente, como haber desaforado al senador Jaime Orpis, que se le haya imputado además, a él, a la diputada Marta Isasi y al gerente general Francisco Mujica, la investigación avanza en relación a todos los otros actores.

¿Los nuevos antecedentes tienen relación con Asipes o con las pesqueras de la Octava Región?

Sí, efectivamente. A lo que estamos abocados es a indagar las similitudes entre los hechos constitutivos de delitos que había en Corpesca y en las otras federaciones como Asipes y Asipac. Y bueno, sabemos sobre las macrozonas, norte, centro norte, centro sur y la austral. Cada una tiene sus federaciones: Asipes, Asipac y Fipes. Todos organizados en Sonapesca.

¿Cuáles son los nuevos antecedentes encontrados en las pesqueras de la Octava Región?

Lo que ocurre es que no puedo dar especificaciones, porque hay piezas bajo reserva. Pero podemos hablar de fenómenos. Hay asesores, hay rectificatorias y en los correos -incautados el año pasado en Corpesca- se ve una operación de conjunto, de que todos están en conocimiento. En el caso de Corpesca, eso ya está acreditado con cohecho, y en el segundo, Fipes, que lleva mi colega Pedro Salgado, se encuentra en investigación.  Entonces, tenemos que ver si es que el lobby efectuado por estas empresas a los parlamentarios es o no constitutivo de delitos. Ese es el tema.

¿Las empresas asociadas en Asipes tienen rectificatorias ante el SII? 

Sí. Ya se hicieron las primeras diligencias para seguir avanzando. Esto fue requerir a las empresas pesqueras sus contabilidades y en cada caso las rectificatorias que hubieran efectuado.

¿Las empresas entregaron la información?

Sí, están colaborando, son diligencias ya realizadas. Entonces, el resto de las coincidencias, si es que existen, vienen ahora en el análisis, cuando ya entremos en un terreno que podría llevarnos a inclinar  la balanza hacia lo constitutivo de delitos, que podría ser la existencia de rectificatorias por boletas ideológicamente falsas asociadas a un parlamentario que haya participado en la votación de la Ley de Pesca.

¿Encontraron boletas presuntamente falsas en otras pesqueras?

No, aún no. Requerimos la información y una vez que esos antecedentes lleguen van a ser objeto de análisis.

¿La presunción es que podría haber más casos como los de Orpis? 

Sí. Eso estamos investigando. Puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar. En este caso, dada la existencia de indicios concretos, con alto estándar asentados ya en Corpesca, como la prisión preventiva para Orpis, es que continuamos con la investigación.

¿El fiscal nacional Jorge Abbott está al tanto de los nuevos antecedentes?. 

Sí, está al tanto. Y estamos trabajando con el fiscal Pedro Salgado en forma coordinada. Lo que une estas investigaciones es la Ley de Pesca.

¿Cree que el interés de las pesqueras quedó consagrado en la ley?

Sí, eso ya está acreditado por el estándar de prisión preventiva.

¿Estamos hablando de las Licencia Transables de Pesca?

Sí, ahí encontramos un interés concreto que es manifestado en la ley. Ahora bien, acá hay un aspecto interesante. Algunos pueden decir que la ley habría salido  de la misma forma del Congreso. Pero ese no es el tema. En nuestras investigaciones, lo que se debe tener en cuenta es la forma cómo algo se obtiene y si eso es a través de un cohecho. Eso es lo que nos importa, más que el resultado. El cohecho es un acto tan peligroso y tan reprochable, que lo que importa es que se cometa, más allá del resultado.

¿A su juicio, tiene asidero el eslogan que algunos actores buscan instalar, de que estamos en presencia de una ‘ley corrupta’?

La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción. Uno puede entender que las empresas a quienes afecta una determinada norma ejerzan un lobby, un lobby feroz, como se quiera, porque a esos asesores, a esos presidentes de empresas, a esos gerentes generales les pagan para eso. Y ellos presionan, hacen lobby sobre quienes deciden. Y eso puede ser solo éticamente reprochable, pero lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en el  génesis de esta ley hubo corrupción.

La semana pasada el fiscal Abbott  sacó un instructivo que determina no perseverar en casos sin querella. ¿Limita esa instrucción este tipo de causas? 

En lo personal, creo que era necesario el instructivo y estoy de acuerdo con lo que este señala. No se opone, sino que se condice con las actuaciones que nosotros hemos realizado en las causas. Pero en la medida que alguien -cualquier persona- entregue antecedentes, sea en una declaración o porque encontramos indicios de  que se financió ilicitamente a un político a través de la emisión de boletas falsas, nosotros tenemos una obligación bien clara en la ley, y que el instructivo tampoco desconoce: informar al SII de la eventual comisión de un delito tributario. Lo que no podemos es estar con las investigaciones eternamente abiertas. Tenemos que darle una solución en un momento determinado y claro, una decisión de no perseverar en un momento determinado es una solución de carácter temporal.

Tras ocho meses de gestión, el desempeño del fiscal nacional no ha estado exento de algunos cuestionamientos. Se ha hablado de cierta descoordinación interna.

Yo lo veo como un fiscal nacional que escucha a los fiscales regionales al momento de tomar decisiones trascendentes, tales como el último instructivo. Y se agradece que se dé el tiempo de tener una conversación.

¿Cómo ha sido su llegada a la fiscalía de  Rancagua, teniendo causas como Corpesca y Caval?

La clave, creo yo, para enfrentar este tipo de investigaciones es hacerlo en equipo. En consecuencia, no me generó problemas, teniendo el equipo que tengo, y me refiero concretamente a dos de los mejores fiscales de Chile que están trabajando en esos casos, que son Ximena Chong y Sergio Moya.