El presidente conservador Michel Temer aparece junto a sus predecesores de izquierda, Lula da Silva y Dilma Rousseff, en una lista de presuntos beneficiarios de sobornos pagados por el conglomerado J&F de los hermanos Batista.
La lista fue entregada a la fiscalía general por el presidente del grupo y dueño de la mayor empresa cárnica del mundo (JBS), Joesley Batista, en el marco de un acuerdo de delación premiada.
Joesley fue el 'garganta profunda' que grabó secretamente una conversación comprometedora con Temer, que podría costarle la presidencia, en tanto que otros directivos del grupo lanzaron señalamientos con potencial tanto o más destructivo que los que hicieron 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht, implicada en el escándalo Petrobras.
JBS es considerada unas de las mayores empresas donantes de dinero en las campañas electorales de los últimos años en Brasil.
Además de Joesley, también declararon ante la fiscalía su hermano y socio Wesley Batista y Ricardo Saud, director de relaciones institucionales de J&F.
Estas son algunas de las acusaciones más destacadas:
Temer
Saud asegura que la empresa benefició a Temer en la campaña de 2014 (en la cual revalidó su condición de vicepresidente de Rousseff) con pagos ilegales por un monto de 15 millones de reales (6,37 millones de dólares al cambio medio de ese año), en retribución de una "actuación favorable" a los intereses de J&F.
Ya presidente, Temer habría pedido este año, junto al diputado de su partido (PMDB) Rodrigo da Rocha Loures, un 5% de los beneficios obtenidos para acabar con el monopolio de la estatal Petrobras en el suministro de gas, una medida que habría beneficiado a la Empresa Productora de Energía en Cuiabá (Mato Grosso) bajo control de J&F.
A las 22H00 GMT, ni Temer ni el palacio de Planalto habían hecho ningún comentario al respecto, aunque el jueves el mandatario rechazó todas las acusaciones de Batista y que su actuar fue siempre correcto.
Lula y Dilma
Batista y Saud aseguran que J&F pagó sobornos de alrededor de 50 millones de dólares en una cuenta en el exterior destinados a Lula y cerca de 30 millones en otra cuenta también en el exterior en beneficio de Rousseff, bajo la intermediación del exministro de Finanzas de ambos, Guido Mantega, investigado en el marco de la operación Lava Jato.
Según los empresarios, el saldo de estas dos cuentas llegaba a cerca de 150 millones de dólares en 2014.
El despacho de abogados de Lula, Teixeira&Martins, rechazó esas acusaciones y aseguró que el líder izquierdista es inocente, ya que no le fue encontrado "ningún valor ilícito" cuando los fiscales de la 'Lava Jato' quebraron su secreto bancario y fiscal.
Rousseff también consideró esas acusaciones "improcedentes e inverosímiles" y remarcó en un mensaje en su página web que no tiene cuentas en el exterior y que "nunca" solicitó donaciones o pagos ilegales para sus campañas electorales de 2010 y 2014.
