Varios son los atributos que convierten a una empresa común en una Empresa B. Impacto positivo en la comunidad y el medioambiente, mejora constante en las relaciones laborales y transparencia, son algunos de sus sellos. Además, y a diferencia de las firmas tradicionales, las Empresas B se comprometen a hacer una modificación legal que amplía la responsabilidad fiduciaria de la compañía.
Esto va más allá de una declaración de buenas intenciones, tanto, que hoy estas firmas buscan que se les otorgue un marco legal para poder desarrollar sus actividades comerciales. "Es un primer paso fundamental e imprescindible", asegura Juan Pablo Larenas, director de la certificadora Sistema B, sobre la necesidad de un marco regulatorio.
Larenas precisa que si bien hoy las Empresas B hacen una modificación de estatutos, dicho mecanismo no es suficiente para asegurar "que las empresas cumplan su propósito".
En Chile, existen más de 400 empresas, de 30 rubros distintos, que han completado la evaluación para convertirse en Empresas B o "empresas con propósito". De ese número, 70 ya son Empresas B y 50 están en proceso de certificación, según información de Sistema B.
Hoy existen dos iniciativas tendientes a otorgar un marco legal a este tipo de empresas. Una proviene del Ministerio de Economía, que está enmarcada en la Agenda de Productividad del Ejecutivo.
La otra iniciativa tiene su origen en el Congreso -radicada en la Comisión de Economía de la Cámara Baja-, la que además cuenta con respaldo transversal.
Cercanos a las Empresas B esperan que ambas iniciativas puedan ingresar al Parlamento durante el primer trimestre de 2015. Tampoco se descarta que antes de su ingreso, ambos proyectos puedan convertirse en uno, a pesar de que en la actualidad presentan algunas diferencias.
"Las propuestas tienen énfasis distintos", señala Juan Pablo Larenas. El director de Sistema B explica que la iniciativa del Ministerio de Economía "tiene un enfoque más hacia las cooperativas y la economía social", mientras que la propuesta parlamentaria "tiene un sentido más hacia las empresas que tienen un propósito social, pero que no necesariamente tiene una lógica de cooperativa".
¿PARA QUÉ?
Cristóbal Undurraga, consejero de Horizontal, afirma que con la existencia de un marco legal se facilita la existencia de este tipo de firmas con fines sociales. "Hay que permitir que empresas que quieran tener un rol más activo o definir el impacto que quieren tener en la sociedad, lo puedan hacer de una buena manera", sostiene.
El consejero de Horizontal detalla que el hecho de que exista algún grado de reconocimiento legal para este tipo de empresas, les permite, además, validar que se trata de una opción seria y responsable. Esta mayor credibilidad posibilita, al mismo tiempo, un mejor diálogo con diversas entidades, principalmente financieras, "como por ejemplo, con los inversionistas o con los bancos, a la hora de levantar capital", agrega Undurraga.
Otro de los efectos que tendrá la implementación de un marco regulatorio, es que la empresa podrá mantener de manera inaltarable el propósito bajo el cuál fue fundada, a pesar de las futuras transacciones y cambios de propiedad. "El día de mañana si a éstas llegan nuevos inversionistas o nueva administración, esos propósitos no se pueden cambiar", subraya Larenas.
Uno de los puntos que debería aclarar el marco regulatorio, y que está incluido dentro de la iniciativa que trabajan parlamentarios de distintos sectores, es que las Empresas B se comprometan a transparentar y reportar sus impactos sociales y ambientales, colocando de esta manera el negocio al servicio del impacto que generan.
"Los beneficios de ser una empresa B, es que uno se fija un estándar acerca del impacto que quiere tener", menciona Undurraga. El consejero de Horizontal dice que cuando las empresas ponen dentro de sus principios que quieren buscar un retorno económico, pero además, tener un impacto en la sociedad, "ésa pasa a ser la vara con la que se miden sus impactos".
Si bien es cierto que dentro del cambio de estatutos al que se someten las Empresas B, el lucro no tiene un lugar por sobre otros propósitos y, por ende, tampoco aspiran a beneficios tributarios, el establecimiento de un marco legal puede generar a futuro una nueva forma de compras, principalmente en el Estado, ligado al concepto de sustentabilidad.
"El marco legal es el primer paso para poder generar políticas públicas pro Empresas B", destaca Larenas. Estas nuevas políticas públicas, según el director de Sistema B, podrían incorporar aspectos como, por ejemplo, compras públicas sustentables y criterios sociales y ambientales, en los subsidios de Corfo, variables que permitan "demostrar que en Chile existen cada vez más empresas con propósito y que son agentes de cambio para lograr que Chile sea un país con menos desigualdad, menos pobreza y menos injusticia", afirma.
De acuerdo con los certificadores, la cosmética Natura es una de las Empresas B más grandes del mundo y la única en su tipo abierta a Bolsa. Daniela Bertoglia, gerenta de sustentabilidad de Natura Chile, menciona que el establecimiento de una regulación es relevante para estimular el debate sobre el papel de las empresas en la construcción de nuevos caminos más sustentables para los negocios. "Este es un movimiento que está comenzando a tomar fuerza", resalta Bertoglia. A su juicio, como cualquier política pública, es necesario darle visibilidad a la necesidad de regular el terreno de las Empresas B, a pesar de que las tendencias internacionales y estudios existentes fundamentan esta opción de hacer negocios. "Sabemos que, por ser un concepto muy innovador, hay mucho por definir en términos de parámetros y métricas", asevera la ejecutiva de Natura Chile.
