El 6 de enero Carlos Alberto Délano, socio controlador de Penta, declaró en la Fiscalía Oriente haber descubierto que parte de las remuneraciones y bonos pagados a los ejecutivos del holding se habrían efectuado de manera irregular.

Estos pagos, dijo el empresario, fueron con facturas o boletas de honorarios, "lo que en algunos casos no es correcto y estamos dispuestos a rectificar estas operaciones". Una semana después, el 12 de enero, su abogado Julián López hizo llegar al fiscal Carlos Gajardo una lista con los nombres de 15 ejecutivos que habrían recibido estos fondos. "Vengo a acompañar el listado de registros contables detectados durante la revisión interna de las sociedades del holding, realizada a partir de este caso, que incluye los pagos efectuados a ejecutivos y empleados de diversas sociedad del grupo de manera que podría resultar irregular", dice el escrito.

El documento incluyó 655 boletas y facturas pagadas entre los años tributarios 2009 y 2014. Entre los nombres figuran el ex gerente Hugo Bravo y los ejecutivos Manuel Antonio Tocornal y Carlos Bombal. El grupo calculó que las diferencias de impuestos involucradas en esos pagos ascienden a $ 886 millones, cifra que sube a $ 2.105 millones si se agregan reajustes, intereses y multas. El Servicio de Impuestos Internos (SII) podría requerir el pago de ese monto.

Según la defensa de los dueños de Penta, los pagos fueron cargados como gastos necesarios en las contabilidades de cinco empresas del grupo: Penta S.A., Inmobiliaria Los Estancieros S.A., Inversiones Penta III Ltda., Banpenta Ltda. y Penta INF S.A. En el documento, el abogado de los controladores sostiene que "la inclusión de este listado no debe ser entendida como la afirmación de una irregularidad, sino como mera referencia a una operación cuya real situación debe ser investigada caso a caso".

Una situación similar afrontó el grupo Penta en diciembre de 2014, cuando decidió pagar $ 1.191 millones correspondientes a  boletas y documentos relacionados cónyuges y parientes de los controladores, ejecutivos del grupo y políticos, incluidas por el SII en dos denuncias presentadas en 2014. "El impuesto de las boletas en cuestión alcanza a $532 millones, a lo cual si se suman los reajustes, intereses y multas la cantidad asciende a un total de $1.191 millones", informó Penta en diciembre.

Tras recibir estos nuevosantecedentes, el fiscal Gajardo remitió la información al director del SII. "Los hechos posiblemente constitutivos de delitos tributarios dicen relación con la facilitación de boletas de honorarios y facturas falsas para ser ingresadas en la contabilidad de las empresas Penta, para justificar pagos de remuneraciones y bonos a ejecutivos y dependientes", detalló Gajardo.

Fuentes ligadas a la empresa precisaron que la detección de presuntas anomalías tributarias surgieron de una auditoria interna. Las facturas y boletas que datan de 2009 a 2014 serían declaradas por Penta como "gastos rechazados", por lo que efectuarían una declaración rectificatoria.

Las mismas fuentes aclararon que la decisión de los controladores "no significa que todas las boletas y facturas sean irregulares". En este escenario, el SII podría iniciar una investigación a cada ejecutivo, lo que derivaría en subsanar la situación en el ámbito administrativo o a través de una querella o denuncia  por delito tributario.

La decisión de los controladores del holding, aseguraron fuentes de la empresa, apunta a regularizar su situación tributaria.