El juez de la Corte Suprema de Justicia argentina Eugenio Zaffaroni quedó envuelto en una incómoda situación luego que la organización no gubernamental La Alameda denunciara hace unos días que en seis departamentos de su propiedad en Buenos Aires se ejerce la prostitución.
El organismo llevó su denuncia a la Procuración General de la Nación y aseguró que en esos lugares trabajan mujeres de países latinoamericanos como Paraguay y República Dominicana.
El escándalo hizo que el diputado Ricardo Alfonsín, de la opositora Unión Cívica Radical, se adhiriera al pedido del titular de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, y solicitara la renuncia del magistrado. "Frente al papelón, para no hacerle daño a la justicia, aunque no hubiera delito debería renunciar", dijo a Radio 10 el candidato a presidente para las elecciones del 23 de octubre.
En tanto, el diputado del opositor PRO Jorge Triaca, integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, dijo al Canal C5N que ese cuerpo legislativo podría llegar a investigar si Zaffaroni incumplió sus deberes de funcionario público.
Triaca indicó que la denuncia contra el magistrado "roza la actividad" de la trata de personas y violaría "la ley de profilaxis". Esa norma castiga la promoción en territorio argentino de oferta sexual y la existencia de establecimientos donde se ejerce la prostitución.
En declaraciones a otros medios, Triaca señaló que reclamará que el magistrado acuda ante la comisión legislativa para que dé su versión sobre el asunto.
La Cámara Baja se encarga de investigar las acusaciones en contra de un funcionario y el juicio político es llevado a cabo por el Senado, que tiene la potestad de destituirlo.
Zaffaroni, un reconocido penalista que llegó a la Corte Suprema cuando se renovó el alto tribunal tras la asunción del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), reconoció a medios de prensa que es dueño de 15 departamentos en Buenos Aires, incluyendo los que fueron denunciados como prostíbulos, pero aseguró no conocer a ninguno de los inquilinos.
Afirmó que nunca firmó "un contrato de locación personalmente" y que tiene "un apoderado y una inmobiliaria que los alquila". "Me limito a recibir lo que me pagan y ni siquiera reviso mucho las cuentas. Ahora que me enteré, procuraré que los inmuebles queden libres", dijo en una entrevista reciente con el diario Página 12.
Alfonsín manifestó sus dudas respecto de las explicaciones públicas del juez y afirmó que "es difícil creer que el titular de seis departamentos no sepa cuál es el destino que se le da" a los inmuebles "que alquila".
Eduardo Duhalde, candidato presidencial del peronismo disidente, indicó a su vez a que Zaffaroni debería dar "una explicación convincente y más adecuada". La también aspirante a la presidencia por la opositora Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, afirmó que "lo que corresponde en términos republicanos y constitucionales es el mecanismo de juicio político". Señaló que la diputada de la CC Fernanda Gil Lozano trabaja desde hace meses en las acusaciones que recaen sobre Zaffaroni.
La organización La Alameda se especializa en la denuncia de trata de personas y esclavitud sexual.
