A fines de marzo, antes de que las lluvias generaran una inédita catástrofe en el norte, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se reunió con el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, y el presidente del PS, Osvaldo Andrade, en La Moneda.
El tema de conversación no fue muy distinto al que ha cruzado en los últimos meses al oficialismo y la oposición desde que -en septiembre de 2014- el Ministerio Público comenzó a indagar las prácticas de financiamiento irregular de campañas asociadas al holding Penta, controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y que afectaban, principalmente, a la UDI.
Desde entonces, La Moneda y la Nueva Mayoría han debido enfrentar sus propios escándalos: primero, la polémica compra y venta de terrenos en Machalí de la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y, segundo, el avance de las indagaciones de la fiscalía que terminaron sumando a personeros oficialistas a las acusaciones de uso de boletas falsas para financiar sus campañas.
La conversación de Peñailillo, Aleuy y Andrade, en La Moneda, se dio en la antesala de la segunda denuncia en contra de Soquimich (SQM), presentada el jueves 2: en la acción judicial se detalló que la empresa de Julio Ponce había recibido documentos tributarios falsos por un monto de $ 4.340 millones.
La denuncia se sumó a otra presentada por el SII el 24 de marzo, que fijó en $ 1.360 millones el monto asociado a boletas falsas.
Ambas denuncias suman $ 5.700 millones, cifra cercana a los US$ 11 millones que según ha señalado el gerente de SQM, Patricio de Solminihac, la empresa registra como desembolsos sin respaldo. Así, la nómina de personeros vinculados a políticos podría incluso crecer.
La ampliación de la acción del SII confirmó lo que era un secreto a voces en el oficialismo y que también fue parte de la conversación del titular de Interior, su subsecretario y el timonel socialista: mientras más avance la investigación que lidera Sabas Chahuán, los riesgos de que se involucre a personeros de la Nueva Mayoría, parlamentarios e incluso ministros crece exponencialmente y amenaza con dejar en jaque todo el sistema político.
El jueves 2 se confirmó que el ente fiscalizador cuestionó boletas y facturas de personas y/o sociedades ligadas, entre otros, al presidente electo de la DC, Jorge Pizarro; al ex secretario general del PPD y actual embajador en Paraguay, Alejandro Bahamondes, además de otros funcionarios del actual gobierno y del primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.
Sólo días antes había trascendido que el ex administrador electoral de la campaña de Bachelet en 2005 y quien también cumplió labores de recaudación en 2013, Giorgio Martelli, había emitido boletas a SQM durante los años 2012 y 2013.
Quienes conocieron el contenido del debate sostenido por Peñailillo, Aleuy y Andrade coinciden en que éste giró en torno a la necesidad de establecer en un plazo breve el contenido y la puesta en escena de una "solución a la crisis" que logre ser liderada por La Moneda.
En el oficialismo reconocen que una de las variables clave que ha impedido levantar un frente común para intentar detener la espiral de desprestigio derivada de la arremetida del Ministerio Público lo constituye, precisamente, la falta de un plan de acción digitado desde el Ejecutivo.
Más aún, ya es conocido que Peñailillo y Aleuy tienen -hasta ahora- un diagnóstico distinto sobre la crisis que comenzó golpeando a la UDI, pero que ya llegó hasta el corazón del gobierno. Mientras el titular de Interior ha sostenido la tesis de seguir adelante con la agenda del Ejecutivo y dejar que los escándalos decanten, el subsecretario se alinea con quienes argumentan que se debe intentar encauzar la crisis para neutralizar la amenaza de una debacle institucional.
Así, uno de los propósitos de la visita de Andrade a las autoridades de Interior apuntaba a generar consensos en La Moneda para impulsar un acuerdo mayor que incluya a toda la clase política.
ARENAS ENTRA EN ESCENA
El martes 31, el presidente interino de la UDI, Javier Macaya, llegó hasta el piso 13 del Congreso, en Valparaíso.
La inusual visita del timonel gremialista al lugar donde están ubicadas las oficinas de los senadores de la Nueva Mayoría tuvo por propósito sostener reuniones -por separado- con los presidentes del PPD, Jaime Quintana, y de la DC, Ignacio Walker.
Con ambos dirigentes, Macaya abordó el mismo tema que días antes había conversado con Andrade: las opciones al interior del oficialismo para explorar un entendimiento en medio de la investigación de la fiscalía por el financiamiento irregular de campañas políticas.
Las gestiones del timonel (I) UDI estaban lejos de ser aisladas.
Y es que -ante la falta de iniciativa de La Moneda- en el Congreso han tomado fuerza las conversaciones cruzadas sobre los efectos de la investigación que dirige Chahuán.
Las potencialidades de que las acusaciones del Ministerio Público, tal como ocurrió en esta semana, terminen salpicando a una buena parte de los parlamentarios, sin distinguir su condición de opositor u oficialista, han sido el principal incentivo para intentar un entendimiento.
Tanto en la Nueva Mayoría como en la Alianza afirman que en los últimos días las conversaciones ya suman a importantes personeros del PS, la UDI, la DC, RN y el PPD, principalmente.
Mientras en los socialistas, la UDI y RN sus respectivos timoneles han tomado un rol protagónico, en la DC y el PPD se han integrado, además de sus presidentes, los senadores Jorge Pizarro -quien sucederá en las próximas semanas a Walker a la cabeza de la falange- y Guido Girardi.
El diseño -en todo caso- ha incorporado a un amplio espectro de personeros que, en mayor o menor medida, han tomado diversos roles en las conversaciones.
Desde fuera del Congreso, en tanto, uno de los que han seguido de cerca los movimientos que se han sucedido es el ex Presidente Sebastián Piñera.
Según sostienen sus cercanos, el ex mandatario no ha ocultado su preocupación por los efectos que ha generado en la Alianza, especialmente en la UDI, la investigación por prácticas irregulares de financiamiento de campañas. Aún más, Piñera ha sostenido abiertamente con quienes ha conversado en las últimas semanas que es partidario de un acuerdo transversal, que junto con establecer nuevos estándares para regular la relación entre dinero y política, también tenga por objetivo acotar la actual crisis.
Los contactos del ex mandatario incluso han abarcado a al menos un alto personero de la Nueva Mayoría.
Quienes participan de las reuniones cruzadas tendientes a generar "una solución" a los episodios derivados de las indagaciones del Ministerio Público coinciden en que la fórmula que se dará a un eventual acuerdo aún debe sortear varios obstáculos.
El primero -y más importante según un sector- es convencer a la Presidenta Miche-lle Bachelet de que el gobierno debe asumir un rol protagónico en un futuro entendimiento.
Segundo, decantar en una propuesta concreta: una batería de proyectos, una iniciativa única o indicaciones a la propuesta de financiamiento que está radicada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados son algunas de las alternativas que se barajan.
Tercero, convencer a todos los participantes de que una suerte de amnistía generalizada para los que hasta ahora han sido involucrados en las indagaciones de la fiscalía, o los que terminarán afectados en un futuro cercano, es inviable desde el punto de vista de la opinión pública. Es decir, en palabras de un presidente de un partido oficialista, "aquí se tendrán que entregar cabezas". Este punto -en todo caso- choca con el interés de algunos que sostienen que un eventual acuerdo debe contener algún gesto en favor de los involucrados en la investigación de la fiscalía.
Y, cuarto, iniciar las gestiones para sumar a un eventual pacto a la totalidad de los participantes del espectro político.
A la espera de la luz verde de La Moneda y antes de que se evidencien las primeras señales públicas de un entendimiento -las conversaciones transversales hasta ahora se realizan en reserva-, los respectivos líderes partidarios alistan sus propias propuestas.
"Si bien hay una acción intensa de la justicia y que debe seguir su camino, el problema por el cual atraviesa el mundo político es esencialmente político y tenemos que hacernos cargo. Hemos cometido errores, tenemos una autocrítica, y tenemos que corregir. Hay propuestas dando vueltas, hay elementos con los cuales uno se puede sentar a conversar sin que ello inhiba la acción de la justicia", explicó el presidente del PPD, Jaime Quintana.
"Que las instituciones funcionen no significa renunciar a la iniciativa política, y por lo tanto el liderazgo político consiste en tratar de buscar una situación adecuada y equilibrada que no transforme un acuerdo de futuro en un arreglín del presente y el pasado, pero que sí entienda que el liderazgo significa conducción, pensar en el país, y que estos temas tienen que tener una salida", comentó Walker.
Un rol no menor en este diseño lo ha tenido el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.
Ya es sabido que en las últimas semanas el jefe del equipo económico ha sido contactado por varios parlamentarios para conocer los alcances del proceso que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos. El jueves 2 -al conocerse la nueva denuncia del organismo sobre SQM-, Arenas llegó pasado el mediodía a La Moneda para sostener una cita con la Presidenta Bachelet y Peñailillo.
Los tres analizaron los alcances de la denuncia que hace un rato se había presentado ante el Ministerio Público, en la que se menciona a 173 contribuyentes, en su gran mayoría políticos o cercanos a éstos, por la emisión supuestamente irregular de documentos tributarios a SQM.
Quienes participan de las conversaciones para encauzar la crisis coinciden en que Arenas y su equipo ya trabajan en un texto que podría servir de base al cuerpo legal que se presente como alternativa de solución a las prácticas irregulares de financiamiento de campañas, y que podría insertarse en la discusión del proyecto sobre financiamiento público de los partidos que se debate en el Congreso.
En esa línea, los presidentes y jefes de bancadas de la Nueva Mayoría ya cerraron un primer acuerdo durante la mañana del viernes 3: mañana, los dirigentes y parlamentarios aprovecharán la reunión con los ministros del comité político de La Moneda para pedir formalmente que se ponga urgencia máxima a todos los proyectos de transparencia que están tramitando en el Congreso.
INCIERTO ESCENARIO EN LA MONEDA
Apenas conocida la denuncia del jueves 2, el ministro vocero, Alvaro Elizalde, se comunicó con la casi totalidad de los miembros del gabinete para preguntarles uno a uno si alguno había boleteado directa o indirectamente a Soquimich.
La aparición de parlamentarios de la Nueva Mayoría, funcionarios y ex funcionarios de la administración Bachelet sólo intensificó los cuestionamientos al manejo que Peñailillo ha dado a la crisis.
El propio ministro ha efectuado en privado una dura autocrítica a su rol en los últimos meses. Así, por ejemplo, ha reconocido a sus colaboradores más estrechos que no previó los alcances que tendrían las investigaciones de la fiscalía al financiamiento de la política, y respecto del caso Caval, no logró aquilatar que generaría un desplome de la popularidad de la Presidenta.
El reproche recurrente que ha debido escuchar Peñailillo -incluso de sus compañeros de la Nueva Mayoría- ha sido que en octubre dejó pasar la oportunidad de construir un acuerdo con la UDI para sortear los, en ese momento, nacientes efectos del caso Penta y que ya amenazaban con afectar al resto de los partidos con el financiamiento anómalo por parte de otras empresas. Por esos días, el presidente gremialista, Ernesto Silva, golpeó la puerta del Ministerio de Interior sin encontrar respuesta.
Esa actitud, aseguran en el oficialismo y la oposición, le ha costado hasta ahora a Peñailillo un fuerte retroceso en su interlocución con las directivas de la UDI y RN, desde donde se han privilegiado las conversaciones con el subsecretario Aleuy.
Este tipo de diferencias han instalado, además, un verdadera guerra civil en las oficinas del principal ministerio de La Moneda. La rivalidad entre Peñailillo y Aleuy ha llegado a tal punto, que incluso la propia Presidenta conoce en detalle cada uno de los episodios de la pugna. A sus cercanos, el ministro ha comentado que atribuye la ofensiva de Aleuy a la Nueva Izquierda del PS, el ala mayoritaria de la colectividad, que además integran Andrade y el ex senador Camilo Escalona.
Según ha comentado el ministro, la arremetida es parte de la venganza que un sector de la "vieja guardia" concertacionista -como él denomina a los dirigentes de partido que participaron de los gobiernos entre 1990 y 2010- que no le perdona haberlos excluidos de los principales cargos del Ejecutivo.
En este tira y afloja, en el oficialismo y La Moneda volvió a instalarse la idea de un cambio de gabinete. La diferencia -dicen en el gobierno y la Nueva Mayoría- es que un sector del oficialismo demanda que en este ajuste también se incluya a Peñailillo.
La idea de efectuar una reestructuración mayor, que involucre a las piezas principales del equipo político, dijeron altas fuentes de gobierno, fue puesta sobre la mesa ante la Mandataria en la reunión del jueves 2 que sostuvo Bachelet con los titulares de Interior y Hacienda. "Es la Presidenta la que ahora debe decidir el cuándo y el cómo", confidenció un alto personero de Palacio.
La situación de Peñailillo, en todo caso, ha activado las alarmas en el PPD, donde han cerrado filas con el jefe de gabinete que milita en sus filas. Un alto dirigente de la colectividad se ha encargado de notificar al PS que el cambio del ministro del Interior por una figura de la "vieja guardia" instalaría una tensión en la Nueva Mayoría que -incluso- podría poner en jaque su continuidad como coalición.
