El Tribunal de Garantía de Valparaíso dejó en libertad y con firma periódica, a los detectives vinculados a la red de prostitución infantil que operaba en la capital de la Quinta Región.
La resolución fue resuelta luego que esta mañana se reanudara la audiencia de formalización, donde el defensor, público Héctor Petit, refutó los argumentos dados por la fiscalía para avalar el arresto de sus defendidos. Según el profesional, sus representados debían quedar en libertad por la inexistencia de pruebas biológicas que acreditaran la violación a la menores y el pago por servicios sexuales.
De esta forma los efectivos de la PDI Alejandro Puga, Edgardo Uribe y Héctor Hernández quedaron con firma periódica, arraigo nacional y la imposibilidad de salir del país.
Las medidas cautelares también recaen en el ex funcionario policial Jimmy Gutiérrez.
El fiscal Pablo Avendaño, quien tendrá seis meses para investigar el caso, confirmó que apelará a la resolución.
En tanto, Luis Obando, abogado de Jimmy Gutiérrez, manifestó que el ex subcomisario Héctor Guzmán -quien denunció el caso y que también será formalizado - habría salido del país.
"El día de ayer trascendió que habría salido del país con destino a Argentina (...) el hecho es que no está disponible para el tribunal y a disposición del Ministerio Público, para entregarles antecedentes que podría tener" aseguró Obando.
El tribunal, también, reprogramó, para el próximo 5 de agosto, la audiencia de formalización de los efectivos Jorge Gallardo, Claudio Cortez y Sergio Jarpa, quienes ayer no se presentaron a la audiencia -según sus abogados- por no haber sido notificados y encontrarse con licencia médica.
Ese mismo día serán imputados el ex subcomisario de la policía civil Héctor Guzmán y el abogado Ricardo Bravo.
El caso generó un escándalo al interior de la policía de Investigaciones- y cuestionamientos, luego que una indagatoria interna de la PDI no acreditara responsabilidades de los efectivos policiales que fueron formalizados.
En la formalización se han revelado datos que apuntan a que gran cantidad de evidencia fotográfica que estuvo en poder de Investigaciones había sido borrada.
