En libertad y sin cautelares quedaron los tres gendarmes que fueron detenidos por la PDI debido a su supuesta participación en la venta de especies fiscales a familiares de reos de la ex penitenciaría.
Según el defensor Washington Fernández la PDI habría incurrido en una detención ilegal lo que fue acogido por el Juez de Garantía lo que incidió en la libertad de los uniformados.
"Hay una serie de infracciones en el procedimiento de detención cometidas por la PDI, esto porque se detuvo a una persona sin antecedentes que permitieran eso. La detención por sospecha ya no existe y se requieren antecedentes concretos que aquí no los había", dijo el defensor.
Asi mismo se refirió a los mensajes de texto que la Fiscalía Centro Norte utilizó como prueba y que darían cuenta de la comercialización del chaleco antibalas, a lo que Fernández alegó que "la forma en que se obtuvieron los mensajes fue ilegal porque no había autorización judicial".
Por su parte el fiscal Jaime Retamal manifestó que "el Ministerio Público discrepa de los fundamentos de la decisión. No hay otra posibilidad de comprender que vender un chaleco antibalas sustraído ilegalmente es para cometer otro delito".
Agregó que en los mensajes de texto se hace referencia a un "trabajo para pitearse a alguien", lo que según el persecutor " deja claro que el chaleco iba a ser utilizado en la actividad delictiva. Por ello el arma de fuego y el tráfico de drogas se está investigando, y así mismo la eventualidad en la preparación de otro delito".
El gendarme A.R.G. fue formalizado por hurto, L.M.S. por receptación y V.R.J. no contaba con antecedentes suficientes para ser formalizada. El Juez de Garantía decretó 60 días para la investigacón y la prohibición de dar a conocer los nombres e imágenes de los uniformados, aunque esto ya había sido entregado por la policía.
