El 1 de agosto Enel Generación firmó, con sus cuatro sindicatos, un acuerdo en el que logró obtener el 8% de su dotación total, lo que corresponde a 60 trabajadores, para servicios mínimos en caso de huelga.

En el documento, aprobado por la Dirección del Trabajo, se lee además que el acuerdo contempla el funcionamiento de 22 centrales generadoras eléctricas de un total de 26.

En junio, cuando la empresa inició las conversaciones para definir los servicios mínimos, comenzó solicitando cerca de 200 funcionarios de un total de 746, lo que por parte de los trabajadores fue criticado y calificado como "excesivo", ya que de forma simultánea la eléctrica estaba postulando para ser considerada como firma sin derecho a huelga.

Sin embargo, tras varias reuniones de trabajo, los cuatro sindicatos lograron llegar a un consenso con la firma y acordaron establecer 60 trabajadores para servicios mínimos. "Se realizó un trabajo responsable, la firma entendió que lo que estaba pidiendo era excesivo. Tras varias conversaciones fueron bajando su solicitud", comentaron desde el Sindicato Nacional Interempresa de Ingenieros y Profesionales de Endesa".

En el documento entregado a la DT se lee que "los equipos de emergencia serán solicitados por la empresa a los sindicatos involucrados en este proceso, en la medida que las tareas definidas como servicios mínimos no se encuentren cubiertas por trabajadores que tengan la condición de: no sindicalizados y/o asociados a sindicatos no involucrados en el proceso de negociación colectiva". Los servicios mínimos incluyen prevencionistas de riesgos, despachadores de carga, operadores eléctricos, entre otros.

Cabe señalar que Enel Generación finalmente no logró ser calificada como empresa estratégica sin derecho a huelga, por lo que la firma ingresó una reclamación a la Corte de Apelaciones para revertir la decisión de los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa.

Por estos días, la empresa se encuentra en negociación colectiva con tres de sus sindicatos, las que deberá cerrar antes del 31 de diciembre, fecha en que caducan los contratos colectivos vigentes.