Hace cuatro meses, la empresa Colbún tomó una decisión relevante, relacionada con el futuro de HidroAysén. Su postura fue comunicada de manera oficial hace unas semanas al grupo de ambientalistas que por más de una década se opuso al polémico proyecto que buscaba levantar cinco centrales hidroeléctricas entre los ríos Baker y Pascua.

A la selecta cita acudieron Sara Larraín, Juan Pablo Orrego, Patricio Segura y Patricio Rodrigo, y en el marco de un acuerdo de confidencialidad, el gerente general de la firma, Thomas Keller, les informó que Colbún se desistiría del proyecto hidroeléctrico.

El no avanzar en HidroAysén fue un camino difícil para la compañía, explica una fuente cercana a la sociedad que levantaron la entonces Endesa y Colbún, en septiembre de 2006, y fue el fruto de una larga reflexión por parte de Keller y la dirección de la eléctrica de los Matte. El punto de inflexión, cuenta la fuente, fue comprender que el desarrollo de una política nacional que promoviera las inversiones eléctricas en la zona de Aysén y que contara con un amplio consenso nunca se concretaría. Sin esta condición, puesta siempre sobre la mesa por parte de Colbún, era imposible poder hacer uso de los derechos de agua de HidroAysén.

Ahora la decisión es unánime: devolver los derechos de agua de HidroAysén al Estado. Esa es la primera y gran definición que hoy Enel Generación y su socia tomaron en conjunto y que sería parte de un principio de acuerdo que está siendo diseñado en las reuniones que han sostenido los equipos técnicos de las compañías, encuentros que han sido liderados por el propio Thomas Keller y su contraparte en Enel Generación, ex Endesa, Valter Moro.

"Nosotros estamos trabajando con Colbún hace varios meses y hemos acordado poner término al proyecto HidroAysén (…). Los derechos de agua son nuestros, son de lo que era antes Endesa, porque así se constituyó HidroAysén, con un contrato de usufructo sobre esos derechos, y la idea nuestra es devolverlos al Estado", explica Herman Chadwick, presidente de Enel Chile, al ser consultado.

La devolución de los derechos marcaría el fin de la sociedad que las dos principales generadoras eléctricas del país crearon hace más de una década, llamada Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A., enfocada en desarrollar el mayor proyecto hidroeléctrico del país junto con la línea de transmisión más larga de Chile, con cerca de dos mil kilómetros, necesaria para llevar la energía desde el sur hasta el centro del país.

La decisión de liquidar la alianza entre las eléctricas sería dada a conocer a fines de noviembre, fecha en que se realizará el que será el último directorio de HidroAysén, instancia hoy presidida por Juan Eduardo Vásquez Moya, gerente de la División Negocios y Gestión de Energía de Colbún. Mientras eso ocurre, las conversaciones entre los equipos y ejecutivos siguen adelante, pues aún quedan detalles por cerrar antes de liquidar la sociedad.

"Se trata de temas administrativos que están en discusión con Colbún. Obviamente, para disolver una sociedad hay distintos matices, no es algo fácil, pero ya hay una clara voluntad por nuestra parte y esperamos llegar a una posible solución en un corto plazo", confirma Nicola Cotugno, gerente general de Enel Chile.

Alternativas

Colbún no quiere abandonar el desarrollo de la hidroelectricidad en Chile, tecnología que hoy impulsan a través de Angostura y en el futuro lo esperan hacer a través de San Pedro. Por eso, la firma de capitales nacionales inicialmente centró las conversaciones con Enel enfocadas a quedarse con los permisos hídricos e impulsar centrales en la Región de Aysén.

Dentro de las opciones que la eléctrica analizó estuvo quedarse con una parte de esos derechos y el resto cederlos a terceros. "Una de las opciones que se estudiaron fue la posibilidad de aportar parte de los derechos de agua a alguna corporación local, con el fin de permitir en el futuro el desarrollo de algún proyecto para proveer energía para la región", cuenta un ejecutivo ligado a la sociedad.

Pero había una gran piedra de tope: el valor de las patentes. "Quien recibiera los derechos tendría que realizar importantes desembolsos por las patentes asociadas a los derechos, lo que no hacia viable esa opción", indica un conocedor de los análisis.

HidroAysén tiene derechos por 650 mil litros por segundo en el río Pascua y más de un millón de litros en el río Baker, y en 2016 pagó sobre los US$ 4,8 millones, principalmente por no uso, además de patentes y tributos.

Al ser consultada, Colbún no quiso referirse al tema, "porque existe un acuerdo de confidencialidad" con su contraparte, indicaron. Sin embargo, en entrevista con La Tercera, la semana pasada, Thomas Keller reconoció las conversaciones con la firma italiana, diálogo que se desarrolla, indicó, "en muy buenos términos", y agregó que "esperamos que pronto podamos llegar a un acuerdo".

Y según cuentan fuentes de la industria, las nuevas conversaciones con Enel Generación se retomaron a mediados de año y en ellas Colbún habría puesto sobre la mesa la posibilidad de disolver la sociedad y devolver los derechos de agua, "acuerdo cuyos términos definitivos están siendo definidos", agrega la fuente.

Relocalización

Uno de los temas que se espera puedan resolverse durante las próximas semanas es qué hacer con los terrenos que la sociedad adquirió en 2014 para relocalizar a 39 familias que se verían afectadas por la construcción de las centrales.

Se trata de cerca de seis mil hectáreas que se dividen entre las zonas de Valle Grande (2.250 ha), lago Cochrane (1.120 ha), lago Tranquilo (300 ha) y en Coyhaique (2.150 ha), en la Región de Aysén. Y de acuerdo a lo descrito por la propia compañía en su momento, se trataría de predios que tendrían características agropecuarias.

Hoy, esos terrenos están en manos de la sociedad y tendrían un valor turístico no menor, indica un cercano a HidroAysén.

El plan de relocalización era vital para el desarrollo de HidroAysén. De hecho, fue parte de las medidas de mitigación presentadas durante el proceso de tramitación ambiental y fue uno de los puntos objetados por el gobierno y defendidos por las compañías socias.

El proyecto, que entró a tramitación ambiental el año 2008, fue aprobado -con condiciones- a inicios de 2011 por el entonces Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén. La decisión provocó que cerca de 40.000 personas marcharan desde Plaza Italia hasta el Palacio de La Moneda en protesta por la aprobación de la iniciativa de 2.750 MW.

Pero, sin duda, la gran oposición a HidroAysén vino de parte del magnate norteamericano Douglas Tompkins, quien siempre se opuso al proyecto, principalmente por la línea de transmisión que pasaría por sus tierras. También se opusieron Víctor Hugo Püchi y empresarios turísticos. Todos ellos, junto a Patagonia sin Represas, lideraron el mayor rechazo al proyecto.

El 30 de enero de 2014, en los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera, el Comité de Ministros sesionó y revisó 36 reclamaciones, dejando dos pendientes, postergando la decisión para la administración siguiente. Y finalmente, el 10 de junio de 2014, el Comité de Ministros, encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, revocó el permiso ambiental de la iniciativa, rechazo que fue confirmado el martes pasado por el Tribunal Ambiental de Santiago, después de tres años desde el inicio del proceso de reclamación por parte de Colbún (ver cronología).

En 2015, la entonces Endesa decidió detener varias iniciativas hidroeléctricas, entre ellas HidroAysén, y anunció una provisión por el deterioro de su participación en la sociedad por un monto de $ 69.066 millones (unos US$ 121 millones), mientras que Colbún decidió contabilizar US$ 102 millones por deterioro.

Al año siguiente fue el propio CEO de Enel, Francesco Starace, quien adelantó que las firmas estaban en conversaciones para decidir el futuro de HidroAysén, decisión que se oficializará en las próximas semanas.