El presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, enfatizó que el caso de la empresa La Polar refleja que "el duopolio Alianza-Concertación ha decidido seguir entrampando las reformas estructurales que el país necesita", debido a que "siempre habrán excusas coyunturales para no modificar el sistema político", lo que "repercute en este sistema económico y en el financiero".
Según el ex candidato presidencial, "lo que pasa entre privados siempre afecta a la esfera pública, y no es aceptable que una ministra de gobierno diga que esto es simplemente un tema de privados".
"El 0,2 % de las acciones invertidas en La Polar pertenecen al total de todos los fondos de los chilenos afiliados a las AFP's, y la cifra equivale al menos a un presupuesto para la construcción de dos hospitales públicos de alta complejidad, más de 120 millones de dólares", añadió.
Ante dicho caso, la Comisión Económica del PRO presentó propuestas como: que las clasificadoras de riesgo, así como los auditores externos tengan responsabilidad civil y penal; que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras realice una revisión profunda al negocio de todas las empresas del retail, para descartar prácticas generalizadas; que el Gobierno, a través del Consejo de Defensa del Estado, tome acciones judiciales contra los ejecutivos de La Polar, el directorio y la empresa auditora; y, finalmente, que las AFP's "sinceren" las cifras, que informen qué porcentaje de acciones de dicha entidad tienen en sus fondos, y que comuniquen a los afiliados sobre el valor de los ahorros, según los instrumentos de renta fija que poseen.
