El presidente del Senado, Camilo Escalona, cuestionó hoy el emplazamiento del gobierno a la ex Presidenta Michelle Bachelet, luego de que la vocera Cecilia Pérez llamara a la ex mandataria a que pidiera perdón por las víctimas del 27/F.

Según planteó, "la actitud del gobierno y sus partidarios hacia la ex Presidenta Michelle Bachelet escapa al criterio constitucional; evidentemente, se trata de una lamentable acción mediática que preocupa al ser lanzada desde la Moneda por la propia vocera del Ejecutivo".

"Es penoso ver la ausencia de estatura política en quienes se embarcan en esta operación. Esto es explicable en caso de figuras oficialistas de segundo o tercer nivel que buscan algún espacio mediático para congraciarse con sus jerarcas, pero en quienes tienen la responsabilidad de gobernar y en líderes de alcance nacional resulta ser un espectáculo penoso", argumentó.

A su vez, agregó que "me pregunto cómo estas personas de las que se espera un mínimo de criterio y solvencia política no se dan cuenta que sus dichos son repudiados masivamente, ya que es inocultable en ellos el intento de enlodar y dañar la figura de Bachelet. Es un caso verdaderamente asombroso, que no reparen en que estos ataques  desnudan dramáticamente su mezquindad y su falta de perspectiva–país; el mismo país que apoya de manera inmensamente mayoritaria a quien es atacada y que ellos tratan de manchar y enlodar en su prestigio personal".

"Los ataques a la ex Presidenta reflejan un "enanismo" político, una pertinacia para lograr una descalificación personal, en una actitud que tiene hastiada a la opinión pública. Que lástima que el Presidente de la República autorice a la vocera de su gobierno a tan insensata como estéril conducta", sentenció.

Escalona precisó que, "desde el punto de vista constitucional, la responsabilidad política puede ser ejercida por el Presidente de la República cuando hace efectiva la renuncia de un alto ejecutivo del aparato del Estado que está en tales tareas como funcionario de su exclusiva confianza y que incumple gravemente sus  labores o que, sencillamente, no está a la altura del desempeño que su investidura requiere".

"También la Cámara de Diputados puede tramitar y dar curso a una acusación constitucional por notable abandono de deberes, es decir, por incumplir con la responsabilidad que emanan de su cargo; en tal caso, corresponderá al Senado aprobar o rechazar, lo que significa que en el primer caso votar a favor, el alto funcionario es destituido", agregó.