El Banco de España y el estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) serán los directores de la entidad a la que se traspasarán los activos de difícil cobro, en principio las entidades nacionalizadas, aunque otras también podría acabar pidiendo en mayor o menor medida una parte del apoyo europeo.

"Este gobierno ha diseñado con la voluntad de que sea una norma completa y dé solución a las crisis bancarias", dijo la vicepresidente y portavoz del gobierno Soraya Sáenz Santamaría, en rueda de prensa.

La débil economía española, que estará en recesión este año y el próximo, se encuentra en el centro de la crisis de la eurozona, con unos costos de endeudamiento disparados que ponen al país en riesgo de perder el acceso a los mercados internacionales.

El mercado teme otro rescate para España más allá de la ayuda implementada para su sistema financiero, a pesar de la negativa hasta el momento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como Sáenz de Santamaría reiteraron el viernes que el objetivo de la constitución de este vehículo de gestión de activos tóxicos para la banca es evitar el costo para el contribuyente.

El ministro, que no quiso cifrar el viernes el volumen de activos que se integrarán en el denominado banco malo, manifestó que el grueso de los activos corresponderá a activos problemáticos.

De Guindos abrió la puerta a que Bankia, pendiente de un desembolso europeo de 19.000 millones de euros, pueda recibir un adelanto de las ayudas solicitadas a Bruselas.

Bankia, el mayor paradigma de la exposición inmobiliaria entre los bancos, precipitó con su nacionalización y proyecto de saneamiento la solicitud de ayuda europea por parte de España.

El ministro explicó que los bancos recibirán a cambio de la cesión de sus activos efectivo y bonos de alta calidad con garantía del Estado, que pueden ser canjeados posteriormente por liquidez ante el Banco Central Europeo (BCE), y/o una participación minoritaria en el banco malo.

La reforma también busca propiciar la presencia mayoritaria de inversores privados en la sociedad de gestión de activos para reducir la participación del estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que junto al Banco de España serán los directores de esta sociedad al que traspasan los activos de difícil cobro.

Una fuente de Economía explicó posteriormente que el gobierno fijará como límite para el "banco malo" una participación del sector público del 50 por ciento.

La reforma también fija que las entidades tienen que tener un coeficiente de capital de al menos el 9 por ciento para la banca a partir del 1 de enero de 2013, en cumplimiento del Memorando de Entendimiento (MoU) con Bruselas.