España podría ser el cuarto país de la Unión Europea -después de Irlanda, Grecia y Portugal- en recurrir a un rescate financiero, tras la presentación de un presupuesto de austeridad en medio de manifestaciones y cuando la presión de los mercados no parece aflojar.

El calendario podría acelerar las decisiones del gobierno español ya que España estará a la orden del día de la reunión del Eurogrupo del lunes 8 de octubre y de la cumbre europea del 18 y 19 de octubre.

España vivió una semana agitada entre manifestaciones contrala austeridad, un déficit más elevado que lo previsto a pesar del plan de ajuste y el anuncio de elecciones anticipadas en una Cataluña con anhelos independentistas.

A la vez sigue pesando la amenaza de que Moody's rebaje la nota del país a la categoría especulativa, una decisión que se prevé inminente.

Después de Irlanda, Grecia y Portugal, la cuarta economía de la eurozona se arriesga también, a no poder autofinancierse, en tanto que los inversionistas dudan de su solidez.

La emisión de bonos a dos, tres y cinco años de este jueves tendrá de nuevo valor de prueba y coincide con la reunión mensual del Banco Central Europeo (BCE), institución clave para resolver la cuestión española.

El Banco Central Europeo apaciguó a los mercados al presentar a principios de septiembre  medidas de apoyo para los países más debilitados de la región, a través de la compra de obligaciones. Pero desde entonces la tensión ha vuelto a los mercados y España ha visto sus costos de financiamiento dispararse de nuevo.

Los inversionistas muestran su impaciencia ante las reticencias de España a recurrir al fondo de rescate europeo, una etapa indispensable para que actúe el Banco Central Europeo.

El gobierno español, aunque parece ahora aceptar esta eventualidad, sigue temiendo las estrictas condiciones que le serán impuestas a cambio.

El mercado espera que el BCE aclare el jueves su programa de apoyo.

Los analistas de Renta4 parecen sin embargo resignados: "en principio no esperamos novedades, en tanto ahora el turno de tomar decisiones es de los gobiernos".

Sobre este punto, Madrid pareció dar un paso importante en dirección hacia este probable pedido, al anunciar un presupuesto de austeridad con el fin de  recuperar 39.000 millones de euros y un plan de reformas negociado con Bruselas, en lo que parece una forma de anticipar las condiciones de un eventual rescate.

El viernes, el país reveló también que sus bancos no pedirán finalmente más que 40.000 millones de euros de la eurozona, lejos de los 100.000 millones prometidos en junio, un anuncio bienvenido por el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El lunes, el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, recibirá en Madrid al comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn.

La reacción de los mercados, el mismo día, dará una idea de si el país ha tranquilizado a los inversionistas, pero estos ya tienen la vista en el siguiente  paso.

La próxima etapa es "el rescate (de España), que parece ahora inevitable", apuntó Craig Erlam, analista de Alpari. "Al mercado lo que le importa es cuándo pedirá el rescate", añadió  Montserrat Formoso Fraga, de Tressis.

Los inversionistas interpretan el presupuesto y las reformas presentadas como  "un paso más hacia el rescate que, según ellos, no solucionará los problemas de España y de la eurozona", subrayó también en una nota de Moneygroup.

Las últimas cifras publicadas sobre la situación española no son muy alentadores: la mala situación de los bancos, que ya recibieron miles de  millones de fondos públicos, elevará la deuda en 2012 al 85,3% del PIB y el déficit al 7,4%, lejos del 6,3% prometido a Europa.

Sanear las cuentas será especialmente difícil, teniendo en cuenta la recesión. Según el Banco de España, el PIB volvió a caer "a un ritmo significativo" en el tercer trimestre.

Por último, el país, que ya enfrenta una fuerte protesta social, sigue debilitado a nivel interno: Cataluña celebrará elecciones anticipadas el 25 de noviembre en un contexto de aumento del independentismo y los pedidos de ayuda financiera se suceden, con cinco regiones que han reclamado ya a Madrid 16.000  millones de euros.